La situación de la salud en Bogotá como la del resto del país está atada irremediablemente a las consecuencias nefastas de la tristemente célebre Ley 100 que con algunas pocas buenas intenciones resultó letal para un sistema que convirtió la salud en un negocio.
Difícilmente decisiones que se tomen a nivel regional podrán ser solución total para enfrentar la ineficiencia de la atención en salud que condena especialmente a los más pobres a enfrentar lo que se conoce como “el paseo de la muerte”.
A pesar de esto la administración de Enrique Peñalosa decidió contra viento y marea llevar a cabo una reestructuración del sistema de salud distrital que significó la fusión de los 22 hospitales de la red pública en 4 redes administradas cada una con un gerente, la creación de una unidad logística que responderá por la compra en volumen medicamentos e insumos, facturación, asignación de citas médicas y otros servicios generales.
En un intento por universalizar la atención en salud de los bogotanos la reforma dio paso también a la unificación de las historias clínicas y las citas de los usuarios en una única plataforma y la creación de los CAPS, Centros de Atención prioritaria adonde podrán acudir todos los usuarios que necesiten una atención integral en salud en forma ágil y oportuna. Recibirán, además, servicios de medicina general, especialidades, consulta prioritaria, toma de muestras y salas ERA.
La buena intención de la reforma no deja dudas pero como toda reforma no es perfecta y esas imperfecciones iniciales en su montaje han sido el caballito de batalla para quienes desde el Concejo especialmente, se han ido lanza en ristre contra Peñalosa y han puesto a su secretario de Salud Luis Gonzalo Morales a defender el modelo permanentemente.
Especialmente críticos con la reforma han sido los concejales Antonio Sanguino de Alianza Verde y Manuel Sarmiento del Polo Democrático.
Mientras el primero sostiene que persisten las dificultades para acceder a los servicios, aumenta el déficit de camas para la atención en hospitalización, particularmente en las subredes sur y sur occidente y se incrementa del déficit financiero, el segundo afirma que se están cerrando servicios de salud y pone como evidencia casos de algunos hospitales que asegura se han quedado sin los insumos necesarios para la atención de los pacientes.
Entre tanto el Secretario de Salud Luis Gonzalo Morales sale al paso de las críticas y acude a cifras consolidadas desde cuando el 3 de febrero se declaró la emergencia sanitaria en la ciudad.
Es así como refiere una disminución del hacinamiento ocupacional de camillas en servicios de urgencias de la Red Pública de 250% a 171%, un aumento de consultas prioritarias de 75 mil a 90 mil pacientes atendidos mensualmente, la realización de 10.850 hospitalizaciones domiciliarias en el primer semestre del año, la ubicación de 355 pacientes de largas estancias hospitalarias de red pública y privada y la liberación de 2.897 camillas de ambulancias en toda la red hospitalaria.
En cuanto a la gestión de las Subredes Integradas de Servicios de Salud afirma el Secretario de Salud que se ha atendido en servicios de urgencias en el primer semestre del año 546.133 pacientes.
No termina la administración de revelar estos resultados para que el concejal Sanguino los controvierta en los más duros términos afirmando que el Secretario miente y hace alusión a tres indicadores con los que se demostraría que se incrementó en un 255% los casos reportados por el no suministro de medicamentos, un incremento en un 253% en la dificultad para acceder a los servicios debido a problemas administrativos y el crecimiento en un 126% en la no prestación oportuna de los servicios.
Desde la otra esquina crítica el concejal Manuel Sarmiento alude al tema del personal hospitalario y asegura que actualmente se registra una inestabilidad laboral ya que 8 de cada 10 trabajadores de los hospitales públicos son tercerizados, y la reforma no plantea su formalización, por el contrario, ha impulsado un recorte de personal en el área de salud pública que ha dejado a cerca de 5.000 personas sin empleo.
Sobre el personal asistencial y administrativo de los hospitales públicos de la ciudad la administración asegura que recibió entidades donde de cada 10 personas que trabajan 6 no son personal médico sino administrativo y que el objetivo es invertir esa proporción.
Lo real es que mostrar un funcionamiento óptimo de las 4 subredes ha sido un proceso difícil teniendo en cuenta el lastre que se arrastraba con el modelo anterior y evidencias de esto aún se registran al tenor de revelaciones de un trabajo de campo hecho por el concejal Juan Carlos Flores en las redes sur y suroccidente, donde encontró problemas financieros. “60% de los hospitales que conforman la red del sur tienen déficit. La cifra deficitaria ronda los $22 mil millones de pesos, aseguró.
“El problema de sobreocupación en los hospitales que conforman estas redes es enorme y no hay visos de cómo resolverse”, asegura Flórez y cita el caso del Hospital de Meissen donde la situación de colapso no cambió haciendo un comparativo entre diciembre del año pasado a la actualidad.
En un reciente debate en el Concejo capitalino el concejal Flórez también reseñó la situación del hospital de Kennedy en donde se sigue atendiendo pacientes en casetas que están ubicadas en el parqueadero y llamó la atención sobre el caso del Hospital Tintal que la Administración pasada inauguró sin estar terminado y actualmente se ubica en un cerramiento ilegal.
A favor de Peñalosa es justo advertir que el proceso con todo lo que contempla solo comenzó a formalmente desde el 1 de agosto momento en que se hizo oficial la unificación de los 22 hospitales en las 4 subredes.
Mención aparte merece la Eps distrital Capital Salud sumida en una profunda crisis de atención a sus usuarios que son la población más vulnerable de la ciudad. Registra un déficit de 330 mil millones de pesos. Su supervivencia va de la mano con una profunda intervención acompañada de recursos que por lo pronto quedaron incluidos en el Plan de Desarrollo de la ciudad por un monto cercano a los 417 mil millones de pesos.
Lo que se vive es una lucha contra el tiempo en un sector que no se puede dar el lujo de perderlo porque de por medio está la vida de los pacientes y esa es la apuesta de Peñalosa cuando en campaña planteó la necesidad de enfrentar una reorganización del sector pensada en el paciente y en su derecho fundamental a la salud, buscando acabar con la competencia ilógica entre los hospitales del Distrito, reduciendo las inequidades entre localidades, la fragmentación de servicios por múltiples instituciones y los trámites y tiempo con autorizaciones innecesarias.