De acuerdo con el informe entregado por el órgano de control, en ninguna Casa de Justicia de la ciudad, se tienen habilitados convenios para contar con inspectores de trabajo, defensores públicos, jueces de paz y mecanismos de justicia de pueblos étnicos.
En las visitas se evidenció que el servicio de consultorio jurídico se realiza casi exclusivamente de manera virtual, con excepción de la Casa de Justicia de Engativá, donde se presta este servicio presencial una vez a la semana, generando una barrera de acceso a la justicia a la población vulnerable.
En la Casa de Justicia de Puente Aranda se encontró que de los cinco pisos con los que cuenta la edificación, solo dos se encuentran habilitados para la atención al público, ya que de momento la Casa cuenta únicamente con los servicios de Centro de Recepción e Información (CRI) y Comisaría de Familia.
En el caso de Tunjuelito, no se encuentran habilitados servicios presenciales prestados por operadores del orden nacional, como la Fiscalía, Juzgados, ICBF y Medicina Legal.
Otra situación que dificulta el acceso de las comunidades a los servicios de las Casas de Justicia es por su ubicación.
En el informe, se evidenció que las casas de justicia de varias localidades se encuentran ubicadas en sectores socioeconómicos de clase media a clase alta, afectando a los ciudadanos de bajos recursos.
El personero distrital, Julián Pinilla calificó como preocupante el informe, ya que el deficiente funcionamiento de la mayoría de los servicios y la distancia que separa a las Casas de Justicia de los sectores que más requieren de sus servicios, constituyen una amenaza a la garantía de los derechos de los ciudadanos al aparato judicial.