La liquidación inminente de dos de los operadores del SITP, Egobus y Coobus pone de cuerpo presente la crisis que enfrenta el sistema que desde su creación dio muestras de errónea estructuración aunque partiendo de un enunciado cierto: Era necesario acabar con un sistema obsoleto, caduco, inseguro y nada eficiente como lo era el transporte tradicional que operó en la ciudad por casi medio siglo.
Sin embargo el SIPT creado en la fallida administración de Samuel Moreno se enfrentó en sus comienzos a la lógica oposición de los transportadores de siempre, a la mala planeación de quienes estuvieron al frente de su puesta en marcha y entonces el usuario no encontró respuesta efectiva en el nuevo sistema e incluso comenzó a extrañar los buses de siempre.
La estructuración de las rutas del SITP se convirtió en un proceso lento ante la actitud dilatoria de los dueños de los buses tradicionales que las operaban mientras que los nuevos vehículos del SITP comenzaron a transitar casi vacios dando pié a un cúmulo de pérdidas por operación del sistema con una escasa demanda.
Hoy después de seis años de creado el SIPT su cobertura no llega al 70% en cuanto a rutas que se necesitan en la ciudad y la chatarrización de buses que deben dar paso a vehículos nuevos solo ha llegado a un 30%.
No es por eso extraño escuchar hoy a la propia Gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, reconociendo que el SITP está a punto de colapsar y dirige su dedo acusador de este hecho a quienes estructuraron el sistema.
En todo ese proceso resultaron también afectados los dueños de un bus o máximo dos que entregaron sus 4.700 vehículos al SITP a cambio de recibir una renta mensual. Para hacerlo se convirtieron en accionistas de dos operadores Egobus y Coobus única alternativa para no quedar por fuera del negocio. Darle estabilidad a las dos empresas fue imposible, les adjudicaron las rutas con menor demanda en la ciudad, no pudieron cumplir con la flotilla de buses que debían aportar, no encontraron respaldo en el sector bancario para lograr músculo financiero y hoy enfrentan la liquidación de las dos empresas por tener pasivos que ascienden a más de 70.000 millones de pesos, de los cuales 12.000 se le deben a pequeños propietarios y 4.000 millones a empleados y ex empleados.
Son muchas las razones que especialistas en transporte señalan como causas de la crisis del SITP y que van desde los contratos que se firmaron con los operadores privados que obliga a la ciudad a responder por sumas millonarias con el agravante que los riesgos del negocio los asume la ciudad.
Hace tres años el exalcalde Gustavo Petro alertó sobre un déficit de 750 mil millones de pesos que enfrentaba el SITP señalando que este hecho obligaba al Distrito a subir cada año 100 pesos las tarifas del transporte público para suplirlo.
Al SITP antes de implementarse en la ciudad ya le llovían alertas de toda índole como por ejemplo que iba a ser una sistema con mas costo para la ciudad y pocos mecanismos de control, que al final sería una burla para los pequeños propietarios que quedarían excluidos del negocio, malestar de usuarios por rutas contrarias a sus necesidades, falta de garantías de seguridad en la prestación del servicio. No era difícil entonces que el candidato a la alcaldía y a la postre alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa afirmara en campaña que eran múltiples los errores en diseño e implementación del SITP.
La operación del SITP con buses nuevos en su mayoría, conductores que se suponía preparados para prestar un servicio con rostro humano y lejano a las practicas que se derivaban de la denominada “guerra del centavo”, ya no tendría que pelear por el pasajero, contrato de trabajo, en la realidad no se alejó de lo que se tenía.
La intolerancia de los conductores del SITP tiene botones de muestra de sobra, la condición mecánica de los buses siempre está en duda a raíz de accidentes continuos, incendios de los vehículos, todo esto no hace sino demostrar que los operadores como buenos contratistas del estado quieren la mayor ganancia con la menor inversión y en temas tan sensibles como el mantenimiento de los buses.
Hoy no son pocas las voces que se escuchan diciendo que ante la crisis del SITP llegó la hora de liquidar el sistema. ¿Tendría la ciudad las herramientas jurídicas que le permita dar un timonazo de 180 grados a lo que hay en materia de transporte que atiende regularmente el SITP saliendo indemne de demandas y conflictos jurídicos que lesionarían gravemente las finanzas de la ciudad?