Hace dos días la Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 12 años a las exalcaldesas de Puente Aranda Andrea Magali Alvarez y de Suba Marisol Perilla Gómez por irregularidades en la contratación, decisión que no admite ya ningún recurso.
Las dos exmandatarias locales desempeñaron sus cargos en la administración pasada de Gustavo Petro. Pero claro, alcaldes locales sancionados y destituidos han resultado de todas las alcaldías pasadas.
Entre las alcaldías de Samuel Moreno y Gustavo Petro, 12 alcaldes locales resultaron sancionados por irregularidades que en su mayoría tuvieron que ver con contratación irregular.
Acudían a la figura de los convenios de asociación que evitaba la jartera de convocar licitaciones públicas para contratar bienes o servicios. Es decir se saltaban el proceso legal para contratar a dedo y no era difícil sospechar que los elegidos eran de su manga personal.
En últimas para ellos el principio de la selección objetiva y transparencia en la contratación pública era solo un canto a la bandera.
Un dato adicional que nos abre aún más la mirada sobre lo que ocurre en las alcaldías locales: Actualmente se tramitan cerca de 500 actuaciones disciplinarias contra servidores públicos de las Alcaldías Locales, más de 230 de ellas involucran a mandatarios locales.
Pareciera que en la actuación de los alcaldes locales, con honrosas excepciones, todo lo que tocan, hablando de dinero, lo contaminan de sospechas que con el correr de los días se confirman: Entrar de bulto al presupuesto para feriarlo entre amigos. Suena duro pero las sanciones, lastimosamente a posteriori, de tantos alcaldes locales no dejan lugar a dudas.
No valen las previsiones que se toman con los mentados procesos meritocráticos, que se dice se surten para su designación.
Y es que todo al final corresponde a un círculo que empieza a dibujarse desde la conformación de las famosas ternas “patrocinadas” por grupos políticos con representación en el Concejo que ven en las alcaldías locales, además de apetitosos presupuestos, fortines burocráticos.
Dirán algunos que por eso se justifica que se acelere una decisión reclamada por muchos de poder elegir los alcaldes locales por voto popular.
Reflexionan otros: Si designados por un jefe que es el alcalde no temen quedarle mal, que sería de mandatarios locales cuyo jefe sería una amorfa masa electoral que lo escogió.
Hoy la ciudadanía no se siente representada en sus alcaldes locales, es más no sienten que como habitantes de su localidad hayan podido influir en decisiones que les beneficie en su calidad de vida y más de la mitad de los bogotanos tienen la concepción que las alcaldías locales son manipuladas por la politiquería y la corrupción.
Panorama que en el corto y mediano plazo no cambiará mientras que la conciencia política de quienes llegan a esos cargos les dicte lejanía con la tentación de favorecer amigos, responder a jefes políticos y entender su función como el esfuerzo permanente en conjunto con sus gobernados para enfrentar con decoro y transparencia las urgencias de sus localidades.
Por ahora parece que eso es mucho pedir.