Según la Contraloría el proyecto para esta troncal no tuvo en cuenta los requisitos que contempla la ley de contratación.
Se habría violado, según el órgano de control fiscal, el principio de planeación porque se publicaron los prepliegos de la licitación sin haber finalizado los contratos de los estudios.
El Distrito por su parte en un comunicado expedido hoy por el IDU salió al paso de las afirmaciones de la Contraloría de Bogotá y aseguró que «Ni en la ley, ni en los requisitos internos, se exige que para dar inicio a un proceso de selección (licitación pública) se deba contar previamente con el acta de terminación del contrato de consultoría (estudios y diseños)».
La Contraloría por su parte insistió en que constituye una irregularidad el hecho de publicar los prepliegos sin que los diseñadores hubieran autorizado su utilización a través de una cesión de derechos de autor.
El IDU controvierte la afirmación del órgano de control y afirma que «dichos derechos son propiedad de la empresa contratante (en este caso el IDU)». «Aunado a esto, la minuta de cesión de derechos de autor de los Estudios y Diseños de Transmilenio por la Séptima, se suscribió el 6 de diciembre de 2018, antes de la apertura del proceso de licitación de obra pública».
Pero la Contraloría de Bogotá al insistir en las irregularidades del proyecto Transmilenio por la 7a, aseveró que el IDU adelantó la publicación de los preliegos sin contar con la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de los productos entregados por parte del consultor.
El IDU por su parte y en respuesta a la afirmación en este punto de la Contraloría, sostiene que «desde el día 19 de octubre de 2018, antes de abrir el proceso de licitación pública para TransMilenio por la Séptima, la interventoría recibió y aprobó los estudios y diseños elaborados por el consultor. Posterior a esto, el IDU expidió las no objeciones correspondientes».
La Contraloría al calificar los hallazgos sobre el proyecto, conceptuó que estos podrían generar sobrecostos, mayores cantidades de obra, retrasos de la mismas y reconocimiento de pagos adicionales por concepto de revisión de estudios y diseños que realice el contratista.
El IDU por su parte sostiene que la licitación de TransMilenio por la carrera Séptima cumplió con todos los requisitos de ley para su apertura, en la etapa de planeación.
Este enfrentamiento de posiciones respecto al proceso de contratación de, obra de Transmilenio por la 7a entre la Contraloría de Bogotá y el IDU, se suma a la decisión de un juez de suspender el proceso de contratación de la obra al considerar que hay irregularidades en la estructuración de la obra y evidenciar la necesidad de estudiar todos los documentos relacionados que el IDU debió enviar al juzgado para su estudio.