Trece días lleva la administración distrital buscando convencer familias a desalojar territorios peligrosos de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, un sector que por sus condiciones geológicas inestables representan un alto riesgo.
Este proceso de recuperación de predios inició el 2 de mayo tras el incremento de familias de escasos recursos, que en los últimos días han ocupado de manera ilegal predios de esta zona durante el tiempo de emergencia, acusando la falta de alternativas para encontrar un lugar estable donde habitar e impulsados por mafias de tierreros.
El terreno invadido es considerado como el de más alto riesgo de fenómenos de remoción de América Latina y afecta 14 barrios de la localidad, la zona tampoco cuenta con servicios públicos domiciliarios esenciales por estos días para contener el contagio del Covid -19.
El proceso ha estado acompañado por entidades del Distrito, autoridades y organismos de control pendientes de velar por los derechos de las personas que ocuparon estos terrenos.
Las condiciones geológicas del sector
Según Guillermo Escobar Castro, director del IDIGER, este terreno presenta movimientos activos por sus condiciones geológicas y no cuenta con factores de seguridad, razón por la cual no puede ser habitado, además de la humedad que presenta la zona por los vertimientos de agua, se cataloga de alto riesgo de deslizamiento y desprendimiento de roca.
En este espacio publico de 73 hectáreas hay 14 barrios, se han atendido en la zona 15 situaciones de emergencia por la misma situación de alto riesgo. De acuerdo a los reportes del IDIGER entre 1997 y 2015 se han reubicado 3.955 familias en este sector.
Aparte de Ciudad Bolívar, estos hechos se han presentado en otras localidades y barrios como Santa Viviana, Mirador de la Estancia, La Carbonera, Espino, Cerros del diamante y Tres reyes, entre otros.
Mafias de tierreros
Para el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, la invasión ilegal de terrenos es un drama humano y un natural, terrenos que no se pueden ocupar para vivienda son ofrecidos por estructuras criminales dedicadas a estafar familias de escasos recursos aprovechándose de las circunstancias.
“En este momento de gran vulnerabilidad, en medio de la pandemia, se reactivaron las mafias de los tierreros, de acuerdo con los expedientes se logró evidenciar la presencia de personas que de manera inescrupulosa estafaron a varios ciudadanos a quienes les vendían los terrenos con falsos documentos”, aseguró Acero.
Según las denuncias ante las autoridades las personas compraban los predios por transacciones cercanas a los dos millones de pesos, pero luego eran sacados de la zona por las mismas personas que les vendieron los lotes.
De acuerdo con el secretario de seguridad, estas estructuras criminales que promueven el asentamiento ilegal, también se encargan de la operación de expendios de drogas en la zona.
“Se ubicaron tres expendios de drogas por lo que el sector tuvo brotes de inseguridad por esta actividad ilegal. La intervención oportuna de la Policía permitió el desmantelamiento de estas ollas», aseguró Hugo Acero.
Acciones del distrito
Luego de hacer los primeros acercamientos con la comunidad, el alcalde local de Ciudad Bolívar, Jaime Flórez, se reunió con representantes y líderes escogidos por la comunidad para dialogar y buscar alternativas en compañía de organismos de control.
Luego de una mesa publica de dialogo las partes coincidieron en tres aspectos, el primero que los predios fueron ocupados de manera ilegal, segundo que el sector es una zona de alto riesgo para ser habitada y tercero, que las familias allí ubicadas no cuentan con otra opción para poder habitar en un lugar estable durante la pandemia.
“A cada una de las familias, la alcaldía local, les ofreció albergues y alimentación durante el tiempo de cuarentena, pero no aceptaron la propuesta, el ofrecimiento se hizo hasta la última instancia antes de la intervención de la Policía en sus operativos de recuperación”, aseguró el alcalde local.
De acuerdo con el mandatario local algunos ocupantes han realizado de manera voluntaria el retiro de por lo menos 185 estructuras que no cuentan con normas urbanísticas y de sismo resistencia lo que las convierte en un riesgo latente para sus moradores.
¿Qué pasa con las familias desalojadas?
Las familias que han salido del sector han sido cobijadas con programas distritales de ayudas económicas, alimentarias, albergues y arriendos solidarios. Además, del apoyo logístico para quienes salieron del lugar de manera voluntaria.
50 hogares en condición de pobreza se vincularon a los programas que ofrece la Secretaría de Integración Social en la localidad, así como la entrega de bonos canjeables por alimentos a 46 familias por valor de 140.000 pesos cada uno.
38 niños y niñas de estas familias fueron incluidos en los Centros Amar, espacios de atención para los menores en riesgo de vulneración de derechos, en los que se brinda acompañamiento pedagógico, apoyo alimentario y acompañamiento a las familias.
El fututo de la zona
De acuerdo con Nadya Rangel, secretaria de Hábitat, entidad encargada de hacer el monitoreo de control del suelo, cada vez que se detectan intentos de ocupación de manera ilegal, estos son remitidos a la Alcaldía Local y la Policía Metropolitana, para conservar la zona.
Una vez finalice esta intervención se procederá a la restauración del terreno con un tratamiento especial para garantizar la recuperación de sus ecosistemas nativos y promover la conservación entre los habitantes.
El terreno está destinado para hacer un parque metropolitano en el que se harán prácticas deportivas acordes al terreno.
Según el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, la Policía Metropolitana realizará constantes patrullajes y también se utilizarán los drones para la vigilancia y monitoreo en la zona.