El 21 de abril de 1970 el presidente Carlos Lleras Restrepo en alocución televisada y ante hechos de violencia que se registraban en el país ordenó: “A las 9 no debe haber gente en las calles”.
50 años después es la alcaldesa de Bogotá quien ante hechos de violencia en la ciudad que se desataron luego del asesinato de un ciudadano por parte de la policía y el recrudecimiento de estas acciones anoche cuando se registraron otras 7 víctimas pidió: Le Pido a la ciudadanía que regrese a casa temprano y esté en su residencia a más tardar a las 7pm. Para aliviar tensiones regresemos temprano a casa.
Es el reflejo que poco o nada ha pasado en Colombia, nación cruzada permanentemente por la violencia, alimentada con más violencia con la que bien decía alguien se lograr perpetuar unos pocos en el poder.
Bogotá desalojó de la prioridad informativa el coronavirus producto del rechazo genuino a un comportamiento bárbaro, cada vez más evidente, por parte de la policía.
Anoche se expresaba el repudio por el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez en el noroccidente de Bogotá, en un episodio protagonizado con violencia brutal por agentes policiales y que prosiguió en un CAI, de donde la víctima fue llevado prácticamente muerto a un centro asistencial.
Ese acto de rechazo terminó también saldado con más civiles muertos en acciones que apuntan, según fuentes oficiosas, al uso irresponsable y criminal de las armas por parte de agentes policiales.
La alcaldesa Claudia López lo señaló así: “Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada, pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares”.
Y luego añadió: «Le ruego a la Policía que reconozca con humildad lo ocurrido, que pidan perdón a la ciudadanía y a las víctimas, les exijo que no usen armas de fuego en las protestas sociales en la ciudad de Bogotá».
Hubo daños a la infraestructura de la ciudad, buses de TransMilenio incendiados, casi destruidos lo que muestra que la situación se salió de control, hechos que, sin embargo, mediatizados, tienden a deslegitimar la protesta genuina de colombianos decididos a evidenciar el abuso policial.
En medio de lo febril de la situación, se oían voces diciendo lo material se recupera, la vida que se arranca NO.
Es inobjetable la falta de confianza que tiene el ciudadano en la policía y el poco esfuerzo de la institución en recuperarla. Los recientes hechos muestran uniformados en actitudes hostiles y violentas frente a ciudadanos indefensos. Uniformados amenazantes e intimidantes. Desbordados en su función y asumiendo el abuso como conducta normal.
Reducir a una persona infractora de la ley puede exigir el uso de la fuerza, pero esta debe ser proporcional a la actitud que muestra.
Lo visto en las dos últimos días en videos que se han hecho virales en las redes sociales, que hoy permiten que nada quede oculto, muestran uniformados agrediendo sin razón alguna a ciudadanos indefensos, policías intimidando con acciones y palabras propias del mundo delincuencial a gentes en las calles, agentes atacando con objetos contundentes propiedad privada, uniformados escondiendo su identidad mientras se abalanzan contra la gente, otros con armas desenfundadas recorriendo calles de barrios residenciales y hasta policías amenazando atropellar con sus motos a las personas.
Todo esto es la muestra contundente que la doctrina imperante en una institución creada con los mejores propósitos de cuidar y proteger a los ciudadanos está muy lejana hoy a ganarse su confianza.
Un acto contundente de que desde el Estado se quisiera revertir esa mirada desconfiada del colombiano hacia la policía será en el corto plazo demostrar que todo uso excesivo de la fuerza debe ser investigado, juzgado y sancionado de manera oportuna e independiente.
Si como se exige debe reflejarse todo el escenario no puede eludirse registrar que producto de un hecho originado en la barbarie policial, también uniformados sufrieron la ira de los protestantes. Un video muestra uniformados atacados a piedra cayendo de su moto y teniendo que huir ante el ímpetu de la turba.
Pero está claro que el balance final de lo que ocurrió por lo menos anoche se saldó con por lo menos 10 víctimas civiles, demuestra que las fuerzas oficiales, que detentan el uso de las armas, tendrán mucho que explicar y por lo que responder frente a esas muertes.
Bien lo señaló hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siempre debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y buscar proteger los derechos de las personas”.
Ahora se enfatiza la urgencia de una reforma profunda a la institución policial que por ahora no tiene respuesta concreta desde el gobierno nacional.
La alcaldesa Claudia López se unió a las voces que exigen reorientación de la labor policial y así lo pidió hoy al presidente Duque: “El comandante en jefe de la Policía Nacional, debe convocar a esta institución y a la fuerza pública, les dé instrucciones concretas, organice un proceso de capacitación, verificación y control de lo que está ocurriendo”.
El Exdirector para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Polanco planteó José Miguel Vivanco cuatro propuestas concretas para prevenir futuros abusos de Policía en Colombia:
1.Transferir Policía al Ministerio del Interior
2.Revisar capacitación en uso de la fuerza y armas menos letales
3.Limitar el “traslado por protección”
4.Investigaciones en justicia ordinaria (no penal militar). El Veedor del Distrito, el exministro Guillermo Rivera consideró que “el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Policía.
El Veedor del Distrito, el exministro Guillermo Rivera consideró que “el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Policía debe ser su razón de ser. Si esto no ocurre, como en efecto no está ocurriendo, esa institución debe ser reformada estructuralmente. En esa nueva policía, el uniforme debería tener un letrero enorme que dijera: YO RESPETO LOS DDHH.
En general la exigencia para contar con una nueva policía en la ciudad y en el país pasa por una revisión afondo de cómo se vincula a sus uniformados, la formación policial y la centralidad de los Derechos Humanos y la doctrina operacional para relacionarse con la población civil, tomando palabras de Alejo Vargas un estudioso y analista de los temas de seguridad, defensa y paz.