La alcaldesa Claudia López entregó un reporte de las reuniones que sostuvo con el presidente Iván Duque y el Procurador general de la nación, Fernando Carrillo, en donde llevó propuestas y material con pruebas de casos de abuso policial recogido en los dos días de protestas, útil para las investigaciones.
La mandataria recalcó que ninguna alcaldía tiene la función de sancionar y condenar a miembros de la policía, pero tienen la función de documentar las denuncias de la ciudadanía y representar esas denuncias antes los organismos que tiene la función de impartir justicia.
“Al presidente y al procurador les entregamos cerca de hora y media de video con imágenes claras y contundentes de los abusos de autoridad, policías uniformados disparando de manera indiscriminada a los ciudadanos en varios barrios de y presuntos miembros de la policía de civil, disparando. Esta es la evidencia de que hay miembros de la policía nacional que no cumplen la constitución y las instrucciones”, explicó la alcaldesa.
De acuerdo con López el Distrito, a través de la Secretaría de Gobierno, documentó en 48 horas en distintos hospitales, 119 denuncias de ciudadanos que manifestaron ser víctimas de abuso policial en los dos días de manifestaciones.
Según la alcaldesa lo que ha vivido la ciudad en estos dos últimos días es lo más grave que le ha pasado a Bogotá desde la toma del Palacio de justicia.
“Al presidente, como el máximo comandante de la Policía Nacional, le solicitamos que a la brevedad ordene que se identifique y retire de la Policía a cada uno los uniformados que usaron sus armas de manera indiscriminada”, indicó la mandataria.
Ante lo anterior, el presidente le aseguró que ya había ordenado que se investigara qué miembros de la policía habían usado sus armas en las últimas 48 horas, en qué circunstancias y que a la brevedad entregaría la información recolectada.
Respecto a la reunión con el procurador, el distrito solicitó que la Procuraduría asuma el control preferente de las investigaciones.
“Por la gravedad de los hechos, creo genuinamente que, para garantizar verdad y justicia necesitamos de un organismo independiente, distinto y ajeno de la policía, que garantice una investigación celera, independiente y oportuna, que establezca la verdad de lo que ocurrió, las responsabilidades e imponga las sanciones respectivas. Ese organismo es la Procuraduría”, indicó López.
Por su parte el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que ya había asumido algunos casos, especialmente el de las personas fallecidas, e indicó que asumirá los 72 casos de heridos por arma de fuego.
Lo segundo que la alcaldesa le propuso tanto al presidente como al procurador, es que se avoque una reforma estructural a la policía.
Ante esta propuesta el presidente considera que no es necesaria una reforma, y la descartó de plano; mientras que el procurador le indicó que va examinar la probabilidad de convocar una reforma interinstitucional para proponerla al congreso, se esperaría la respuesta definitiva.
“En conclusión, en la Casa de Nariño la descartan la reforma y en la Procuraduría General de la Nación no la descartan”, sentenció López.
Y lo tercero que la mandataria distrital le propuso al presidente y al procurador, fue la necesidad de promover un acto de reconciliación y de perdón con la ciudadanía, por parte de la policía y de todos los que ejercen una autoridad de policía.
“Lo que vivimos en los últimos días es una auténtica masacre de jóvenes en nuestra ciudad, que nos duele. 11 jóvenes de nuestra ciudad fueron asesinados en las últimas 48 horas”, expresó la alcaldesa.
Ante esta solicitud el presidente le indicó que ese acto de perdón ya se había dado con la familia de Javier Ordóñez, por medio del general encargado de la Policía Nacional.
Para la alcaldesa ese acto es insuficiente y pidió que se debe hacer con todas las familias de las víctimas y los heridos, para esto anunció que el domingo se ofrecerá un acto de perdón y reconciliación con toda la ciudad.