En la comisión del plan del Concejo de Bogotá se desarrolló el debate de control político sobre el futuro de la Avenida ALO al costado norte, luego de que el Distrito suspendiera el contrato con la Constructora Las Galias para la estructuración y construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado de la localidad de Suba.
Varias de las posiciones de los cabildantes coinciden en rechazo a la propuesta hecha por la administración de la ex alcaldesa Claudia López.
Sandra Forero, concejal del Centro Democrático y citante al debate, cuestionó la actitud de la pasada administración de Claudia López por el cambio de la destinación de los predios de la ALO, que era para la construcción de la avenida, permitiendo descongestionar el norte de la ciudad.
Según Forero, con un parágrafo se impuso el desarrollo de la Ciudadela Educativa de Suba, desechando una planificación de un proyecto que lleva 60 años estructurándose por distintas administraciones distritales.
Por su parte, Emel Rojas de Nueva Fuerza Democrática, señala que lo que le conviene hoy a la ciudad es el proyecto de la Avenida ALO, por lo que pide a la administración distrital desarrollar su construcción para buscar una salida a los trancones en el norte de la ciudad.
A su vez, Rolando González de Cambio Radical considera que no es viable que en los predios de la ALO Norte se pretenda construir la Ciudadela Educativa y del Cuidado y no un proyecto que solucione la movilidad de la ciudad.
Sin embargo, existen defensores del proyecto como Julián Rodríguez Sastoque, de Alianza Verde, quien señala que proyecto no se estructuró en dos meses, sino en los últimos dos años, siendo parte del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.
Por otro lado, Heidy Sánchez de Colombia Humana señaló que el Distrito tiene la única oportunidad para ampliar la infraestructura y oferta de educación superior, criticando la posición de otros sectores políticos se quiera desconocer el proyecto, teniendo en cuenta que la ALO Norte afecta la estructura ecológica ambiental de la ciudad.
El debate continuará en próximas sesiones, por su parte el Distrito tiene seis meses para seguir analizando el proyecto que fue suspendido de manera temporal por la Procuraduría General de la Nación.