La Personería de Bogotá reveló más de cien hallazgos por presuntas irregularidades en la intervención de la malla vial de la ciudad entre 2021 y 2022, que tuvo un presupuesto de 350 mil millones de pesos.
De acuerdo con el órgano de control, 53 de los hallazgos tienen presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos, evidenciando posible falta de planeación en los procesos contractuales.
La mayoría de los contratos no tenían claridad ni precisión de las vías y el tipo de intervención, lo que dio lugar a constantes modificaciones con el fin de excluir, incluir y adicionar segmentos viales, por falta de planeación y de estudios técnicos.
Solo en Usaquén se excluyeron el 67 % de los segmentos viales contratados para su intervención, mientras que en la localidad de Kennedy 50 tramos planeados no se intervinieron, sin que se conozcan los motivos.
En el caso de las demoras, las alcaldías locales suscribieron y adicionaron una serie de contratos de obra para la intervención de unos 1.803 segmentos viales, de los cuales a mediados de 2023, sólo habían intervenido 890, llegando al 49%.
Las ejecuciones más bajas se presentaron en Antonio Nariño con 8%, Chapinero 8.33%, Puente Aranda 25% y Kennedy con un 29.1%, pese a la urgencia de la intervención de la malla vial.
En Antonio Nariño se prorrogó en un 100% el plazo inicialmente acordado, en Chapinero se amplió en 6 oportunidades la suspensión del contrato de obra. Suba suspendió en 4 ocasiones el contrato y se prorrogó en una oportunidad.
En materia fiscal se establecieron presuntos pagos por encima del 50% de los costos de las obras contratadas, como ocurrió en Los Mártires, mientras que en Rafael Uribe Uribe se pagó la interventoría por el 15%, del valor del contrato de obra, cuando lo razonable en contratación pública es hasta un 10%.
Las deficiencias en los estudios técnicos dieron lugar a mayores costos de las obras en Barrios Unidos, allí modificaron en un 90% los costos de intervención y el cobro de segmentos viales sin terminar.
En Ciudad Bolívar fueron trasladados $1.500 millones del rubro de subsidios tipo C, asignados a la atención a adultos mayores, para adicionar el contrato de malla vial, además con recursos de la Secretaría de Ambiente se adicionó el contrato para incluir nuevos segmentos viales.
En Rafael Uribe Uribe se advirtió la entrega de documentos, al ente de control, probablemente inexactos, lo que puede constituir una conducta penal.
En algunas localidades no hubo registro en el Secop II del trámite contractual, mientras que en Teusaquillo y Fontibón no se encontraron los documentos que soporten las modificaciones de las intervenciones de los segmentos viales.
En la localidad de Antonio Nariño no había soportes de la modificación de los segmentos viales a reparar o la documentación estaba incompleta tanto en el Secop II como en el contrato físico.
Los resultados de estas acciones de prevención y control fueron trasladados internamente al eje disciplinario de la Personería, así como a la Contraloría de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para realizar su respectiva investigación.