Falta sin duda mucho más desde el gobierno nacional, pero salir de la discusión a la construcción de soluciones frente a un tema tan delicado como es el del hacinamiento en URIs y estaciones de policía en Bogotá, genera alguna esperanza.
Esta grave situación denunciada de tiempo atrás por la alcaldesa Claudia López y el secretario de Seguridad, Hugo Acero por fin parece tener eco en las esferas del gobierno, con Procuraduría de por medio, que estaría a punto de emitir un decreto que permitiría que Bogotá y demás entes territoriales, puedan desarrollar medidas urgentes para afrontar la crisis de hacinamiento de URIs y estaciones de policía.
El decreto, sujeto a las facultades de excepción del presidente de la República, facilitaría a gobiernos locales, adquirir predios, instalar zonas de detención transitoria y vincular personal de custodia, entre otras medidas de emergencia, que impidan la propagación de la pandemia por covid-19 en esos lugares.
Para este sábado está convocada por la procuraduría una reunión de seguimiento para verificar avance en la elaboración del decreto legislativo.
Y es que estos avances frente al hacinamiento de reclusos muestran que algo va de la destemplada declaración de la semana pasada de la ministra de Justicia, Margarita Cabello en la que dejaba planteado un enfrentamiento con el gobierno distrital, más que un escenario para afrontar soluciones, al ambiente que ahora existe para impulsar el tema.
Fuera de la inminencia del decreto que expediría el gobierno que allanaría muchos obstáculos que la administración distrital enfrenta para poder avanzar de manera cierta en el deshacinamiento, los avances son tímidos, pero cuentan.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Augusto Sarmiento Olarte quien junto con el secretario de Seguridad, Hugo Acero, coordinó un encuentro a instancias de la Procuraduría, en el que participaron representantes del Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Policía Metropolitana, Inpec, Uspec, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, anunció el envío al Distrito de un listado de auxiliares bachilleres que prestaron su servicio militar obligatorio en el Instituto, quienes podrían ser vinculados en la modalidad que se escoja para desempeñarse como personal de guardia en una bodega que se estaría acondicionando para recibir retenidos de estaciones y URIs.
Antecedentes
Los intentos del distrito de buscar solución al hacinamiento en URIs y estaciones de policía han pasado por tres propuestas presentadas a consideración del gobierno nacional, cuyas respuestas han sido siempre negativas.
Recapitulemos. Inicialmente, nos cuenta Hugo Acero, secretario de Seguridad se propuso la construcción de una cárcel para 1.200 internos en predios disponibles de la cárcel La Picota a lo que el gobierno nacional respondió que no ya que se proyectaba el traslado de la cárcel el Buen Pastor a esos predios.
Fue entonces cuando el distrito reiteró su propuesta, pero esta vez para construir una cárcel de 3.300 internos, ampliación en cupos que permitiría alojar a las reclusas del Buen Pastor, propuesta que el gobierno nacional también rechazó.
Aparece luego la pandemia del COVID 19 y se hace todavía más urgente solucionar el hacinamiento para evitar un contagio masivo de reclusos. Es entonces cuando el distrito, relató a BOGOTA AMPM de RADIO RED RCN, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, decide proponer el arrendamiento de una bodega y adecuarla para deshacinar las URIs y estaciones de policía, pero tampoco esta iniciativa es bien recibida por el gobierno nacional y la rechaza.
Acero enfatiza que en el problema del hacinamiento hay responsabilidades nacionales y distritales por lo que es urgente hacer equipo ya que la situación supera con creces la capacidad del distrito.
El secretario de Seguridad del distrito subrayó que a la situación actual de hacinamiento necesita de un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia que debe expedición las reglamentaciones que no ha hecho en muchos años.
Y tal parece que, en orden a esas reglamentaciones, es que se mira con buenos ojos el decreto que expediría el gobierno con medidas que apuntarían a ese objetivo, simplificar trámites que permitan que la ciudad pueda avanzar con el acompañamiento del gobierno, en la solución del hacinamiento de reclusos.