En medio de las investigaciones por la muerte de una menor de tres meses de la comunidad indígena Embera, la Procuraduría General de la Nación pidió a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, y al secretario de Salud, Gerson Bermont, entregar un informe detallado sobre su deceso.
Adicionalmente, el órgano de control pidió a las dos entidades informar las acciones que han realizado las mencionadas autoridades para atender la situación de vulneración o amenaza de los derechos de la comunidad indígena asentada en el Parque Nacional, incluyendo la caracterización y número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos vigentes.
Se deben entregar detalles de qué tipo de vulneraciones de derechos se han identificado, los casos de riesgo de desnutrición y confirmar si se han documentado casos de trabajo infantil o explotación con fines laborales. Esto también deberá ser confirmado por los responsables del ICBF y del Distrito.
Además, se debe dar a conocer la ruta de atención para los menores de edad, las mujeres gestantes y lactantes en escenarios de retorno voluntario o reubicación de esta comunidad.
Se recalca que es fundamental realizar un abordaje de los casos desde el enfoque preventivo, étnico, interseccional, de género y de intersecciones para atender la problemática que vive esta comunidad en situación de movilidad humana.