La Procuraduría General de la Nación anunció la conformación de un equipo para verificar las rutas de atención y protección de las cuatro menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena Emberá, asentada en la UPI La Florida y el Parque Nacional, que fueron víctimas de presunto abuso sexual.
El órgano de control determinará si se activó el mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género, la activación de la ruta de acceso a la justicia y la adopción de medidas de protección en favor de las menores de edad.
También verificará la apertura de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos y las medidas adoptadas en garantía de las niñas indígenas.
Frente a estos casos, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer requirió a la directora regional del ICBF, Diana Arboleda, y al Secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont, entregar un informe con las medidas de protección adoptadas en favor de las menores de edad.
Las entidades deberán detallar la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF y del Distrito para las menores de edad y sus familias, así como las demás acciones desplegadas en garantía de los derechos de las menores, asegurando el efectivo abordaje y la garantía de su protección integral.