Por: Carlos A. Alvarez S.
El alcalde Enrique Peñalosa deberá demostrar ante la Contraloría Distrital que la utilización parcial de los estudios del metro hechos en la administración de Gustavo Petro, cuya cuantía ascendió a 146 mil millones de pesos, no significó un detrimento patrimonial para la ciudad.
El alcalde en numerosas ocasiones al ser interrogado sobre si esos estudios del metro subterráneo servirían, a pesar de que el metro que él pretende construir es elevado, respondió que gran parte de éstos eran útiles frente a la construcción del elevado.
Pues ahora ante la apertura de una investigación de carácter fiscal por parte de la Contraloría, deberá justificar que desechar lo que no se usó de los estudios podrá ser superado con eficiencia técnica y económica con su propuesta.
El próximo 29 de agosto tanto el alcalde como el Gerente de la empresa Metro deberán acudir a la Contraloría en versión libre será en ese momento cuando el ente de control definirá si adopta o no medidas cautelares.
Tanto Peñalosa como Escobar parten de la dificultad de poder justificar porque desecharon gran parte de los estudios a pesar de que tenían el aval del Confis Nal y también distrital, que de no ocurrir los pondría en un escenario grave de tener que responder con sus propios recursos por el eventual detrimento patrimonial en que pudieran haber incurrido.
Otra fecha clave en este proceso del Metro y sobre la cual llamó la atención el Contralor Distrital es el 11 de noviembre, día límite para que se firme el convenio que de punto de partida a la construcción del metro.
Granados no ocultó que si para esa fecha el convenio no se cristaliza, tanto el alcalde como el Gerente del Metro verían agravada su situación porque además de tener que justificar porque no hicieron uso total de los estudios del metro deberán responderle a la ciudad y al país de porque no aseguraron la ejecución de la obra. En ese caso el convenio quedaría aplazado hasta después de las elecciones presidenciales de marzo de 2018.
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