Mediante varias acciones de tutela, la Personería de Bogotá logró que los jueces ordenaran al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el traslado de 64 privados de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía de San Cristóbal, Suba y Kennedy.
Los fallos, que tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la salud y, en algunos casos, a la igualdad, dignidad humana y vida, ordenaron el traslado de 35 personas detenidas en la estación de policía de San Cristóbal, 23 en la de Suba y seis en la de Kennedy.
De acuerdo con las visitas realizadas por el órgano de control en los últimos días, la estación de policía de Kennedy, que tiene capacidad para 60 personas, ha albergado a 382, lo que representa un hacinamiento del 537%. La estación de Suba, con capacidad para 60 privados de la libertad, aloja a 221, lo que significa una sobreocupación del 268%. Mientras que la estación de San Cristóbal alberga actualmente a 168 personas, aunque sus instalaciones solo tienen capacidad para 35, lo que equivale a un hacinamiento del 380%.
En el caso particular de la estación de policía de San Cristóbal, el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes ordenó al INPEC, en un plazo máximo de 10 días, definir la situación jurídica de 35 privados de la libertad y trasladarlos a establecimientos de reclusión.
Durante las visitas, se evidenció que varias de estas personas presentan erupciones cutáneas y no han recibido atención médica. Por ello, el juez ordenó a la fiduciaria La Previsora S.A. y a la Secretaría de Salud prestarles los servicios de atención médica necesarios.
El fallo también estableció que el INPEC, la Policía Metropolitana de Bogotá, La Previsora S.A. y la Secretaría Distrital de Salud vulneraron los derechos de los detenidos.
Por otro lado, el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito ordenó, en un término de 48 horas, asignar cupo en un centro carcelario y penitenciario a 22 privados de la libertad que se encuentran en la estación de policía de Suba, algunos de los cuales llevan entre 4 y 16 meses allí.
Asimismo, el Juzgado Veintinueve de Familia ordenó al INPEC, también en un plazo de 48 horas, trasladar a otro detenido en esa estación. Además, ordenó a la Nueva EPS brindarle el tratamiento médico que necesita, ya que presenta graves complicaciones de salud. Al momento de su captura, recientemente se le había practicado una laparotomía y, hasta la fecha, no ha recibido controles ni seguimiento médico, lo que pone en riesgo su vida.
Actualmente, el porcentaje de hacinamiento en estaciones de policía y URI de la ciudad se aproxima al 172%, ya que, con una capacidad para 1.227 personas, hoy se encuentran detenidas 3.337.