Crece escándalo por contrato para administrar los cementerios distritales

En medio de la crisis por el cierre de algunos cementerios del Distrito, se conoció que Éder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, consorcio encargado de la operación de los cementerios distritales, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, por el delito de concusión, alegando que presuntamente le solicitó una “coima” de cinco mil millones de pesos a cambio de una prórroga del contrato de administración de los cuatro cementerios de la ciudad.

Según la denuncia de Parada, el pasado 24 de enero, la directora alertó sobre el “crítico estado de abandono de los cementerios”, señalando la necesidad de realizar inversiones de aproximadamente 50 mil millones de pesos para su mantenimiento, dinero que debía gestionarse a través del Distrito.

Aparentemente, Ordóñez le pidió a Parada dos mil millones de pesos inicialmente y los tres mil millones restantes una vez culminara el mantenimiento de los cementerios. “La propuesta que ella me realizó fue una prórroga del contrato de concesión por tres años y buscar la figura para contratar directamente con el concesionario el mantenimiento de los cementerios, pero a manera de coima”, se lee en el documento presentado por Parada.

Parada, según la demanda, manifestó que no estaba dispuesto a pagar dicha coima.

Respuesta de la UAESP

La directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, rechazó las acusaciones del representante de Jardines de Luz y Paz, calificándolas de falsas, absurdas y malintencionadas, y acusó a Parada de tener un historial de “repetidos incumplimientos”. “Es absurdo pensar que un servidor público consideraría la posibilidad de ampliar un contrato que ha tenido tantos informes de incumplimiento en más del 100% de su valor”, afirmó Ordóñez.

La funcionaria presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra Éder Parada, y añadió que el concesionario ha obstaculizado el acceso a los cementerios y enfrenta múltiples sanciones. “La supuesta prueba que dice tener en mi contra para justificar esta denuncia temeraria y maliciosa de concusión es el mismo proceso de incumplimiento que se adelantó desde la subdirección de asuntos legales”, puntualizó Ordóñez.

En medio de la contingencia por el cese unilateral del contrato que garantizaba el funcionamiento de los cuatro cementerios, la entidad señaló que han existido dificultades temporales en el acceso a los parques cementerios, pero la UAESP ha tomado el control de la vigilancia y el servicio de aseo interno.

Según el asesor de la UAESP, Juan Pablo Estrada, se están adoptando decisiones para que, bajo una declaratoria de urgencia y emergencia, se celebren contratos con cementerios privados para garantizar la prestación del servicio. Estrada añadió que, si se rompe el vínculo contractual con el concesionario, se declarará emergencia únicamente durante el tiempo necesario para adelantar un nuevo proceso de selección de contratistas mediante licitación pública, lo cual podría tardar unos tres meses.

La UAESP enfatizó que el contratista no puede atribuirse la potestad de cerrar los parques cementerios, ya que estos son bienes fiscales de propiedad del Distrito, y cualquier cierre sería una actividad irregular.

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