Juan Pablo Bocarejo proviene de la academia. El salto de allí a la realidad de administrar, en este caso en uno de los sectores mas azarosos de la ciudad, lo puso de cara a una destitución y una inhabilidad por 10 años.
El fallo de es de primera instancia y ya el alcalde Peñalosa, como es lógico, férreo defensor de la gestión de Bocarejo, anunció que la decisión de la Procuraduría será apelada.
Es cierto. A Bocarejo no lo destituyen e inhabilitan por actos propios de corrupción, como lo afirmó el alcalde Peñalosa. Pero la Procuraduría pone en tela de juicio su idoneidad en el cargo desde el punto de vista administrativo al considerar que en el polémico contrato de la denominada semaforización inteligente “no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación”.
En la decisión de las Procuraduría también pesó eventual negligencia de Bocarejo al sostener el ministerio público que “La Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”.
La Procuraduría señaló, además, que la Secretaría de Movilidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación del contrato sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para el Sistema de Semaforización Inteligente, contemplado como soporte fundamental para su funcionamiento, lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico.
Para el Ministerio Público esa situación genera una serie de riesgos de orden operativo, económico y hasta jurídico, que son consecuencia de la falta de planeación en la contratación del Sistema de Semaforización Inteligente.
En la decisión de la Procuraduría se vieron afectadas también la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo sobre quienes recayó una decisión en iguales términos de la que afectó al Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
Escuche aquí al alcalde Peñalosa anunciando que será apelada la decisión de la Procuraduría en contra del Secretario de Movilidad de la ciudad.