La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios aún por establecer de la Secretaría de Movilidad, debido a un presunto detrimento patrimonial relacionado con el contrato firmado con el concesionario GYP S.A.S. para la gestión de grúas y patios de vehículos inmovilizados en la ciudad desde 2018.
Según el órgano de control, existe la preocupación de que solo el 17.7% de los ingresos generados por este contrato se destinan al Distrito, mientras que el 82.3% restante presuntamente va al concesionario.
En términos monetarios, esto implicaría que, entre abril de 2018 y enero de 2024, el Distrito ha recibido apenas $28 mil millones, mientras que el concesionario ha percibido $134 mil millones, de un total de $163 mil millones recaudados.
La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ha ordenado la recolección de pruebas para aclarar los hechos que fundamentan estas acusaciones, como parte del proceso de investigación en curso.