Una cosa es cierta. El acto denominado “fiesta de los toros” en Bogotá nunca volverá a ser lo que fue. La mirada sancionatoria de un mayoritario número de habitantes de Bogotá, la hará cada día más clandestina hasta que un día morirá en el ostracismo.
Es el sino que corren tradiciones que se agotan en su práctica con el desarrollo de la humanidad que identifica las prácticas violentas contra cualquier ser vivo, como hechos que deben desaparecer.
Lo ocurrido ayer en los alrededores de la Plaza Santamaría es la muestra que esos tiempos, en que representantes de eso que llaman la alta sociedad bogotana llegaban con sus mejores trajes domingueros, ataviados con su bota a las gradas, a disfrutar de un espectáculo en el que un hombre con ventaja enfrenta a un toro, no volverán a ser vistos pasivamente por los colombianos que encuentran en la denominada tauromaquia nada más que una acción de crueldad infinita contra un animal.
De acuerdo. Rechazo total con aquellos que, no se sabe con qué propósitos, quisieron deslegitimar una protesta pacífica, emprendiéndola contra esa minoría, que en medio de la legalidad del festejo desde el punto de vista formal (La Corte Constitucional por ahora lo avala), llegaron a la Plaza para participar de la “fiesta”.
El rechazo a una práctica que ya viene desapareciendo paulatinamente de otros lugares, incluso con más tradición que Bogotá, no debe dar paso a acciones que atenten contra un derecho que así no compartamos, tienen quienes persisten en asistir al denominado espectáculo taurino.
Las protestas deben continuar. La expresión de rechazo contra el maltrato y muerte violenta de los toros en una plaza no debe extinguirse. Será esa acción permanente, a la par de las acciones legales ante la justicia que busquen acabar con ese “espectáculo de crueldad”, lo que debe primar en adelante.
Capítulo aparte merece la actitud del exalcalde Gustavo Petro quien quiso pescar en río revuelto pretendiendo darle un tinte político a la protesta de ayer. Intentó culpar al actual alcalde de la reaparición de las corridas de toros en Bogotá, ocultando en su tesis intencionalmente que si esto sucedió fue por la decisión de la Corte Constitucional y que si no ocurrió en su gobierno, fue por aprovechar la necesidad de reforzarse la plaza lo que le dio tiempo para mantener las corridas suspendidas en la ciudad.
A Petro de todas manera deberá reconocérsele que dio la pelea en su alcaldía por erradicar las corridas de toros y en gracia de discusión lo logró. Primero cancelando el contrato existente con quienes administraban la plaza para “espectáculos taurinos” y luego sacando de la manga, el peligro que encerraba la estructura de la plaza, para ganar meses en tener que reabrirla para las corridas.
Insisto en que la movilización contra las corridas debe persistir por los caminos del pacifismo pero del compromiso permanente. Solo para recordar que en Barcelona la prohibición de los toros partió de una iniciativa legal popular presentada por una plataforma antitaurina que consiguió reunir 180.000 firmas. Después el parlamento catalán, tras debatirla aprobó en julio de 2010 la prohibición.
Es decir que en Colombia, digámoslo claramente, le corresponde al Congreso de la República hacer realidad, ojalá a corto plazo, el sentir de la mayoría de colombianos y determinar la prohibición de ese tipo de “festejos”.
Entre tanto la minoría taurina tendrá que soportar la estigmatización de su fiesta pero en paz y con respeto.