La concejal María Clara Name, de Alianza Verde, denunció varias irregularidades en la operación de las comisarías de familia en Bogotá, citando casos de violencia institucional, revictimización, presunta corrupción, favorecimiento a agresores en procesos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, y retiro injustificado de custodias de niños, niñas y adolescentes a madres protectoras.
Según la concejal, en 2023 se reportaron más de cien casos de menores atendidos por delitos sexuales en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Bosa. Entre enero y abril de 2024, más de 304 casos fueron atendidos en la localidad de Los Mártires, una de las más críticas en este tipo de denuncias.
Las localidades de Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Los Mártires concentran entre el 65% y 69% de menores víctimas de violencia en el contexto familiar, con medidas de protección provisionales y definitivas emitidas por las comisarías de familia.
Name expresó su preocupación por la supuesta corrupción y el favorecimiento a los agresores dentro de las comisarías y solicitó ampliar los equipos para brindar un servicio oportuno a las víctimas.
“Hay que reforzar la investigación, hay que reforzar que estos casos no queden solo en que la persona llevó la denuncia a la comisaría de familia, sino que realmente se le ayude a solucionar, que realmente se den las medidas de protección, bien sean transitorias o permanentes en la población que va a buscar estas medidas”, añadió Name.
Actualmente, Bogotá cuenta con 37 comisarías de familia a cargo de la Secretaría de Integración Social. Name propone que la administración pase a la Secretaría de Seguridad, y que la ciudad cuente con un mínimo de 80 comisarías de familia.
Además de solicitar una investigación sobre estos hechos, la concejal resaltó la necesidad de crear y fortalecer equipos de apoyo con practicantes de pregrado y carreras afines para mejorar la atención a las víctimas.