Luego de doce meses de investigación y gracias a la denuncia de una de las víctimas, la Policía de Bogotá desarticuló un grupo delincuencial dedicado a la trata de personas, el cual operaba desde un bar en el sector de Lourdes, en Chapinero.
Desde la Secretaría de Seguridad, en conjunto con Migración Colombia, se realizaron diversos controles que permitieron identificar a los actores criminales y a las posibles víctimas.
A través de labores investigativas como entrevistas, vigilancia y seguimiento, verificación de establecimientos, reconocimientos fotográficos, inspecciones judiciales, reconstrucción de los hechos con base en los testimonios de las víctimas y análisis forenses, se logró, mediante una diligencia de registro y allanamiento, la captura por orden judicial de tres personas por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, secuestro agravado y acceso carnal violento.
Este grupo delincuencial se dedicaba a captar, trasladar, acoger y/o retener menores de entre 15 y 16 años de edad, en su mayoría de nacionalidad extranjera, quienes eran retenidas en un establecimiento de comercio que funcionaba como bar, pero que en realidad era un sitio de explotación sexual.
Las menores eran privadas de su libertad durante varios días, tiempo en el cual se falsificaban sus documentos de identidad para evadir los controles de las autoridades ante posibles operativos en el lugar.
Adicionalmente, las víctimas eran sometidas a abusos por parte del líder de la banda criminal y clientes del establecimiento en habitaciones oscuras.
Entre los capturados se encuentran alias Mauricio, cabecilla de la estructura, quien trasladaba y acogía a las menores en el establecimiento para posteriormente abusarlas y ofrecerlas a sus clientes; alias Sergio, administrador del lugar, encargado de tramitar documentos falsos para que las menores ejercieran la prostitución; y alias Ruby, encargada de atraer a las menores y entregarlas al jefe de la organización para su explotación sexual.
Los capturados, de 41, 44 y 50 años de edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.