A menos de 52 días de que termine el contrato de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López alertó varias deficiencias en su construcción que fue contratada por la CAR Cundinamarca y el Consorcio CEPS (conformado por la empresa española Aqualia Infraestructura, la griega Aktor Technical Societe y la colombiana Cass Constructores y Compañía), lo que podría generar afectaciones ambientales, de salud y económicas para los ciudadanos.
¿Cuáles son las irregularidades?
• El sistema de monitoreo, automatismo y control (SCADA) de la planta no funciona, presenta deficiencias, con equipos y áreas completas desconectadas del sistema y equipos que están conectados, pero sin funcionar. Esta situación hace imposible la operación automática de la planta como exige el contrato e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo.
• No han entregado a la CAR los manuales de operación y mantenimiento para poder operar correctamente la planta por procesos y realizar el mantenimiento de acuerdo a como fue diseñada y contratada.
• El 31 % de los equipos críticos (de los 90 necesarios y básicos para operar) están por fuera de operación o presentan fallas reiteradas.
• La obra física no se ha terminado. Están pendientes el edificio de taller, el edificio de mantenimiento, el aula ambiental, el edificio del casino, el laboratorio, las obras de urbanismo de toda la planta, el parque metropolitano, los dos espesadores y el almacenador.
Añadiendo a estos problemas, la justicia ordenó a la a Empresa de Acueducto y Alcantarillado a recibir la PTAR, como si se hubiera cumplido lo contratado y ejecutar su operación, a pesar de que los informes de la interventoría del proyecto y del Banco Mundial confirman que la PTAR Salitre no cumple con lo establecido en el contrato sobre estándares técnicos y operacionales y sin haber realizado las pruebas de garantía y puesta en servicio acorde con lo establecido en el contrato.
La alcaldesa advirtió que la descontaminación del Río Bogotá está en riesgo si los equipos no se entregan en condiciones adecuadas, por lo que se pueden presentar problemas de operación que impedirán la descontaminación de dicho afluente.
Para la mandataria, la planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con la contribución de 1,3 billones de pesos por concepto de impuesto predial a la CAR. Si la PTAR Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos (a través de las tarifas), para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento.
Las inversiones que se tendrían que hacer con cargo a los recursos de los bogotanos si la CAR y el contratista CEPS no entrega la planta completa y adecuadamente, son del orden de $104 mil millones (por reposición de equipos y finalización de algunas obras principales), y aproximadamente $16 mil millones adicionales anual a lo planificado por la operación de la planta en las condiciones actuales.
¿Qué dice la CAR?
Para la Corporación Autónoma de Regional de Cundinamarca, el contrato de optimización de la PTAR Salitre no ha generado sobrecostos porque es un contrato llave en mano, mediante el cual se paga únicamente lo que se recibe a satisfacción. Además, ante la urgente necesidad de cumplir el contrato en los 52 días que faltan, se adelantan todas las gestiones administrativas previstas en el contrato con el propósito de garantizar el éxito del proyecto.
La entidad adelanta un proceso sancionatorio con el propósito de imponer una multa de cerca de 90 mil dólares por perjuicios al no entregar de forma satisfactoria el hito pactado para el mes de septiembre de 2021.
La CAR le exige al contratista que cumpla con todas las prestaciones del contrato y que lo haga de manera diligente para garantizar una planta operativa en lo técnico y jurídicamente acorde.