La alta cifra de expedientes pendientes de definir genera un represamiento administrativo que no permite la implementación adecuada del Código de Policía y Convivencia, ni cumplir con su función de resolver los conflictos entre vecinos que ocurren en la Capital.
La acumulación de derechos de petición impide que se adopten correctivos inmediatos que permitan a los ciudadanos obtener las respuestas de la Administración.
El déficit de un 76% de inspectores de policía genera que cada uno tiene en promedio entre 780 y 3.000 procesos por resolver, cifra que se hace de difícil manejo y va en contravía de los principios de celeridad y eficacia.
Escuche aquí en el informe de BOGOTA AMPM en RADIO RED RCN 970 AM, a la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda dando a conocer todos los detalles de lo que en estas materias encontró en las localidades capitalinas.