La Contraloría de Bogotá reveló un hallazgo fiscal por 2.600 millones de pesos debido a sobrecostos en los pagos del servicio de transporte brindado a personas en condición de discapacidad, niños de jardines infantiles, adultos mayores, habitantes de calle y jóvenes, todos beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Integración Social.
De acuerdo con el órgano de control, se evidenció que la entidad modificó el procedimiento para liquidar los pagos mensuales de transporte, lo que disparó los costos y generó un detrimento al patrimonio público debido a una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica.
Los cambios en el proceso de liquidación de los pagos mensuales consistieron en que la Secretaría aplicó una fórmula matemática no contemplada en los estudios previos, lo cual causó que, a partir del cuarto mes del contrato, los valores mensuales facturados por el operador superaran lo proyectado para su operación.
Los hallazgos se establecieron durante una Auditoría Financiera y de Gestión adelantada por la Dirección del Sector Integración Social de la Contraloría a la Secretaría sobre la vigencia 2023.
Los resultados de la auditoría fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, con el fin de establecer los responsables y, en todo caso, recuperar dichos recursos.