La Contraloría General de la República reveló una serie de hallazgos fiscales por seis billones de pesos en 24 Empresas Promotoras de Salud (EPS) debido a la indebida destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020.
De acuerdo con el órgano de control, las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC, por $5.4 billones de pesos, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.
La EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86 mil millones de pesos, del período comprendido entre las vigencias 2003 a 2015; cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.
Por otro lado, Nueva EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a las vigencias 2008 a 2015, por valor de $62 mil millones de pesos; al igual que CONVIDA EPS, que pagó la suma de $4 mil millones de pesos.
En 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones de pesos por concepto de presupuestos máximos, con lo que se financian enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud. Capital Salud tuvo excedentes que ascienden a $18 mil millones de pesos y Convida a $7 mil millones de pesos.
En el caso de Nueva EPS, se encontraron pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud, accediendo a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, por un total de $3.9 billones, de los cuales $40 mil millones de pesos fueron destinados a pagos de honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina de Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC.
Se encontraron 61 hallazgos con incidencia administrativa, mientras que 37 son con incidencia fiscal, por una cuantía de $6 billones de pesos, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
Todas las investigaciones se adelantarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República.