El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del presidente Gustavo Petro en una demanda, liberándolo de pagar una sanción impuesta por la Contraloría de Bogotá en 2017 debido al modelo de basuras que implementó cuando era alcalde de Bogotá. La sanción, que ascendía a más de 22 mil millones de pesos, se había impuesto por supuestas fallas en la política ‘Basura Cero’.
El fallo también favorece a María Mercedes Maldonado Copello, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ignacio Ardila Calderón, quienes ya no deberán pagar cerca de 75 mil millones de pesos.
Según el tribunal, la administración distrital cumplió con los procedimientos de selección objetiva mediante contratos interadministrativos suscritos el 11 de octubre y el 4 de diciembre de 2012. Estos contratos buscaban cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional y permitir la inclusión de recicladores en el servicio de aseo.
El tribunal ordenó eliminar a los implicados del boletín de responsables fiscales de la Contraloría y del registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación, al confirmar que se violó el debido proceso y que las sanciones carecían de fundamento legal. Sin embargo, no reconoció los perjuicios morales y materiales alegados por los demandantes, quienes solicitaban una indemnización.
En respuesta al fallo, el presidente Gustavo Petro expresó en su cuenta de X su satisfacción por la decisión, lamentando, no obstante, que varias de sus políticas y proyectos, incluyendo la política de Basura Cero, el metro subterráneo, la red de tranvías, el sistema preventivo de salud, «jóvenes en Paz», el cuidado de los humedales, la vivienda social en el centro y la reserva forestal del norte, fueron destruidos y reemplazados por la especulación inmobiliaria y más TransMilenio.