Más de 22 mil personas participaron en la llamada ‘Toma a Bogotá’, organizada por Fecode, en contra de la ley estatutaria de educación que se discute en el Congreso de la República.
Desde las primeras horas de la mañana, los manifestantes bloquearon la movilidad en la Avenida Caracas, Calle 26, Carrera 30, y Carrera Décima, con destino a la Plaza de Bolívar.
La operación en el sistema TransMilenio fue suspendida durante gran parte de la jornada, afectando a más de cien mil usuarios, mientras que diez mil usuarios tuvieron que caminar para llegar a sus destinos de trabajo y estudio.
Tres hechos empañaron la jornada de protestas: la vandalización de la estación Centro Memoria, ubicada en la troncal Calle 26, una gestora de convivencia herida con un arma cortopunzante, y el bloqueo del tráfico en la Carrera Séptima con Calle 32 por parte de algunos indígenas, quienes intimidaron a los conductores con palos e improperios.
Ante estos hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó estas acciones que alteraron la normalidad de la ciudad, instando a los manifestantes a respetar el derecho de los ciudadanos a movilizarse. Reclamó a los maestros que no bloqueen los carriles exclusivos del sistema de transporte público, ya que esto afecta a los ciudadanos que necesitan desplazarse.
A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que «Las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse. Bloquear los carriles exclusivos del sistema de transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo».
Puntos en desacuerdo de la reforma
El proyecto contaba con el respaldo de Fecode y otros sectores. Sin embargo, tras una enmienda la semana pasada que destrabó el proyecto en Senado, se generó un rechazo en el gremio de los educadores.
- Modelo educativo: Fecode apostaba por un enfoque esencialmente público de la educación, pero se acordó uno mixto que también beneficie a privados. Para el sindicato, eso no es más que la mercantilización de la educación, bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad.
- Objetivos: Si bien el proyecto establece que la educación es un derecho fundamental, un servicio y un deber, para el gremio, la participación de los privados desdibuja la tarea del Estado al garantizar un derecho por un “negocio”.
- Evaluación: La iniciativa robustece la evaluación docente y crea un criterio auxiliar para medir a los profesores según el rendimiento académico de sus estudiantes. Sin embargo, para Fecode se genera un “interés perverso y punitivo”, dada la desigualdad del país.
- Educación Terciaria: El proyecto dio vía libre a este tipo de educación técnica y tecnológica, que es posterior a la secundaria y abarca la educación no formal y educación para el trabajo, pero para Fecode, no hay “suficiente sustentación, ni debate con la comunidad educativa”.
- Meritocracia: El proyecto apuesta por garantizar el mérito como un factor para avanzar en el sistema educativo, pero Fecode reclama que se restringe el acceso a la educación superior de las poblaciones con más dificultades al imponer ese criterio.
El proyecto tiene menos de tres días para salvarse o hundirse en el legislativo, pero para los expertos, la discusión es tan compleja que se podría hundir el próximo 20 de junio.