En el marco de la primera reunión de trabajo entre el Gobierno Nacional y el Distrito para avanzar en la construcción conjunta de los lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá, surgieron tensiones tras las declaraciones de la ministra de Ambiente, Lena Estrada, quien advirtió sobre la existencia de intereses económicos que podrían estar interfiriendo en el proceso.
“No hay que alargar el proceso, porque aquí estamos hablando de algo serio, que es la protección del agua. Y la protección del agua está por encima de muchos intereses que también hay aquí, que son económicos”, señaló la ministra, al cuestionar a ciertos actores que, según ella, estarían intentando incidir en la definición de los mecanismos de participación.
Estrada también hizo un llamado de atención a la Alcaldía de Bogotá: “Se les invitó a conversar, entonces no está bien que salgan en medios a decir otras cosas”, indicó.
El Gobierno Nacional reiteró que cumplirá con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena garantizar un proceso participativo que involucre a todos los sectores afectados por los lineamientos de la Sabana.
Desde el Distrito, se reafirmó el compromiso con la restauración y conservación de la Estructura Ecológica Regional, priorizando las Áreas de Importancia Estratégica para la Regulación Hídrica, con el objetivo de proteger los ecosistemas vitales y asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos.
Entre los principales objetivos del trabajo conjunto están:
- Definir una metodología interinstitucional para estructurar el análisis normativo que respaldará el acto administrativo.
- Acordar el ámbito territorial de aplicación.
- Elaborar un diagnóstico integral del territorio que identifique los conflictos y retos ambientales.
- Trazar una ruta técnica y jurídica para la formulación y adopción de los lineamientos.
Aunque distintos actores reconocen la importancia de la futura resolución para la protección ambiental, también han surgido reparos. Entre los críticos se encuentran la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, que advierten posibles impactos sobre el desarrollo de vivienda, infraestructura vial (como la ampliación de la Autopista Norte y la Avenida Boyacá) y proyectos como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
Expertos ambientales aclaran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT y PBOT de Bogotá y los 35 municipios de la región, sino que establecería nuevas directrices para la conservación de un ecosistema estratégico a nivel nacional.
Sin embargo, el Distrito y otros sectores aseguran que persisten ambigüedades en la propuesta, las cuales generan incertidumbre frente a su implementación y alcance real.