El futuro de «La Rolita», el único operador público de transporte en Bogotá, es incierto debido a que el Concejo de la ciudad no logró discutir el Proyecto de Acuerdo presentado por el Distrito.
Dicho proyecto buscaba ratificar que TransMilenio tiene la capacidad jurídica para ser el accionista mayoritario de la empresa. Sin embargo, la falta de tiempo en la agenda del Concejo llevó a su aplazamiento, generando preocupación tanto en la administración distrital como en los más de 760 trabajadores de La Rolita.
La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó la importancia del Proyecto de Acuerdo y las consecuencias de su posible rechazo.
«Esta ratificación nos permite garantizar la prestación del servicio en Perdomo, Ciudad Bolívar y otras zonas de la ciudad donde sea necesario. Además, nos da acceso a información técnica y financiera sobre la operación 100% eléctrica de 195 buses, que llevan más de dos años funcionando con indicadores financieros y técnicos sanos», señaló la gerente.
También advirtió sobre los riesgos de no aprobarse el proyecto: «Si el Concejo nos dice que no, lo más probable es que tengamos que liquidar la empresa gradualmente, lo que pone en riesgo la operación de transporte de 53.000 usuarios y más de 760 empleos».
Ortiz destacó que La Rolita ha sido un ejemplo de inclusión social y económica, con cerca del 60% de su personal conformado por mujeres en un sector históricamente dominado por hombres. Además, ha brindado oportunidades a migrantes, madres y padres cabeza de familia, jóvenes y adultos mayores.
Por su parte, el secretario distrital de Movilidad encargado, Paulo Rincón Garay, resaltó el impacto que tendría la liquidación de La Rolita en la prestación del servicio y la integración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
«En Bogotá existe un sistema de transporte público con integración tarifaria y operacional. Si La Rolita desaparece, además del riesgo en la prestación del servicio en Perdomo, se afectaría la integración tarifaria. Actualmente, los bogotanos pagan un solo pasaje en una ventana de 90 minutos, y su eliminación pondría esto en riesgo», explicó Rincón.
El funcionario también enfatizó los beneficios sociales y ambientales de la empresa: «No solo estamos hablando de empleo directo e indirecto y de la reducción de brechas de género con más de 60 mujeres empleadas en un sector históricamente masculino, sino también del impacto ambiental positivo que genera su flota 100% eléctrica».
Desde el Concejo, las posturas han estado divididas, al punto de que el debate fue suspendido tras una intervención del concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño. El cabildante argumentó que existía un impedimento jurídico que debía resolverse antes de continuar con la discusión.
Briceño había denunciado ante la Fiscalía General a la gerente de La Rolita por la venta del 20% de las acciones de la empresa a Enel. Según él, al tratarse de una entidad pública, la transacción debió contar con la aprobación previa del Concejo.
Por otro lado, el concejal Julián Triana, del Partido Verde, criticó la suspensión del debate: «La discusión sobre el futuro de La Rolita fue suspendida de manera arbitraria y amañada. Mientras más de 700 familias dependen de su continuidad, algunos concejales han decidido frenar el debate con excusas jurídicas para bloquear su permanencia. No permitir el debate es un sabotaje descarado».
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha expresado su respaldo a la permanencia de La Rolita, aunque reconoció errores en su creación durante la administración pasada. «Somos respetuosos de las decisiones judiciales y, si bien hubo errores en el trámite ante el Concejo en 2020, hoy tenemos la posibilidad de subsanarlos para garantizar que La Rolita pueda seguir existiendo».
Ante la falta de discusión en el Concejo, el alcalde deberá convocar sesiones extraordinarias para que el proyecto sea debatido antes de mayo. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y usuarios de La Rolita, así como sobre la continuidad de este modelo de transporte público que beneficia a la parte alta de Ciudad Bolívar y otras zonas de la ciudad.