Hace 24 años, el 27 de septiembre de 1997 ocurrió el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana, hecho que afectó las condiciones de vida de los habitantes de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal causando graves alteraciones de salud y convivencia, razón por la cual se instauraron casi 600 mil demandas en contra del Distrito para la justa indemnización de los vecinos afectados.
Desde que ocurrió la catástrofe y solo hasta el 2012 se generó la sentencia del Consejo de Estado que ordenaba indemnizar a las victimas, en el 2015, la Defensoría del Pueblo recibió el caso y los recursos dados por el Distrito para dar pronto cumplimiento a la sentencia y así pagar a las familias. Sin embargo, el proceso que se llevaba hasta entonces fue dilatado sin dar una respuesta a las víctimas.
Una luz de esperanza
El pasado 2 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la redistribución de la indemnización a 174.709 integrantes del grupo afectado, quienes podrán cobrar su compensación ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, al iniciar la distribución de los recursos, la comunidad se ha encontrado con que la cantidad de dinero que se les entregará no corresponde a los daños y perjuicios de la tragedia y que son la mayoría los que se quedaron por fuera de la compensación.
“Muchas familias no salieron beneficiadas, muchas también después de hacer el proceso años y años no lograron estar dentro de este grupo y muchas otras personas que si salieron beneficiadas, aun no se les ha dado la información suficiente o el despliegue que corresponde. Así también, después de 24 años, como es posible que las indemnizaciones sean por tan poco cuando la afectación fue grave”, estableció Ermes Parra vocero del barrio La Flora.
El Tribunal decidió realizar la distribución de esta indemnización así, 43.502 personas recibirán seis salarios mínimos, 65.766 recibirán cuatro salarios mínimos y 65.441 recibirán dos salarios mínimos. En total serán 174.709 las personas beneficiadas a pesar que, dice la comunidad, fueron casi un millón de personas las afectadas.
“La comunidad se pregunta por ejemplo, porqué la persona que inscribió los papeles como cabeza de hogar e iba incluido su núcleo familiar, todos afectados por el derrumbe, al momento de la indemnización solo apareció una sola persona, cuando debían compensarse a todos los demandantes. Así mismo, porqué si la persona que figuraba de principal falleció, ahora la familia debe hacer un juicio de sucesión para reclamar este dinero, si esto no hace parte de una herencia, es un derecho propio ganado por la comunidad”, aseguró María Ruiz, afectada por el derrumbe en la localidad de Usme.
Con la intención de conocer el estado del proceso, por parte de la Defensoría del Pueblo, Bogotá AMPM trató de contactar a un vocero de la institución pero no se recibió respuesta alguna.