Tras una Actuación Especial de Fiscalización en la Secretaría de Movilidad, la Contraloría de Bogotá identificó hallazgos con incidencia fiscal por $4.456 millones, derivados de la falta de gestión en el cobro efectivo de más de tres mil multas de tránsito, asociadas a 319 acuerdos de pago que prescribieron mediante actos administrativos expedidos entre las vigencias 2019 y 2023.
Según el órgano de control, la Secretaría de Movilidad incumplió los criterios aplicables al recaudo, lo que habría afectado las finanzas del Distrito y fomentado una cultura de no pago.
Durante la Actuación Especial de Fiscalización, ordenada por el contralor Julián Mauricio Ruiz, la Dirección del Sector Movilidad de la Contraloría verificó y analizó la base de datos suministrada por la Secretaría de Movilidad. Se revisó la gestión de cobro, las facilidades de pago otorgadas a los infractores y el estado financiero del recaudo. Esto permitió evidenciar que las prescripciones de las acciones de cobro se originaron por omisiones e ineficiencias administrativas.
La Contraloría evaluó el cumplimiento de las normas aplicables a la Secretaría de Movilidad, incluidas leyes, decretos, acuerdos y manuales de cobro de cartera, con el propósito de determinar en qué medida la entidad cumplió con sus objetivos y obligaciones en la gestión de cobro.
La falta de acción de la Administración para aplicar los mecanismos previstos por la ley y los manuales de cartera adoptados por la Secretaría de Movilidad, que garantizan un cobro oportuno, permitió que los contraventores solicitaran la prescripción del derecho a ejercer la acción de cobro de las obligaciones.
Los hallazgos por $4.456 millones fueron remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para las acciones correspondientes.