La Contraloría de Bogotá advirtió sobre un riesgo fiscal latente en el contrato para la adquisición de siete máquinas extintoras de incendios por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyo plazo de ejecución finaliza este viernes 15 de agosto, tras una prórroga, y que aún no cuenta con los chasises en Colombia para iniciar el ensamblaje de los vehículos.
Este contrato, considerado clave para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante emergencias y modernizar el parque automotor de Bomberos, fue firmado con el propósito de atender una de las principales recomendaciones del Plan Estratégico de Seguridad y Emergencias: reemplazar equipos obsoletos y aumentar la cobertura en localidades con mayor riesgo de incendios estructurales y forestales.
En una carta enviada a la directora de Bomberos, Paula Henao —y con copia al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán—, el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, manifestó que “los siete vehículos extintores contratados no estarán en condiciones de ser entregados por el contratista, recibidos por la ciudad ni aptos para entrar en operación el 15 de agosto de 2025”, lo que, a su juicio, configura un posible incumplimiento con repercusiones en el patrimonio público y en la capacidad operativa del servicio de emergencias.
Aunque los chasises ya fueron fabricados en Estados Unidos, aún deben ser trasladados desde Miami a Cartagena vía marítima, movilizados por tierra hasta Bogotá y posteriormente ensamblados. A ello se suman las pruebas técnicas y la capacitación del personal que operará las máquinas, procesos necesarios antes de su entrega oficial y entrada en funcionamiento.
El órgano de control recordó que el contrato incluye un anticipo de $6.643 millones, amparado por una póliza de cumplimiento que garantiza su devolución en caso de incumplimiento. El plazo para hacer efectiva esta póliza vence el 15 de diciembre de 2025.
La Contraloría enfatizó que se abstiene de dar instrucciones operativas para no interferir en la gestión administrativa de la entidad contratante; sin embargo, subrayó que es su deber institucional dejar constancia clara y oportuna del riesgo fiscal que, a su juicio, hoy rodea la ejecución del contrato.
En caso de no concretarse la entrega de las máquinas en el plazo contractual, Bogotá podría enfrentar una reducción temporal en su capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en temporadas críticas como la de sequías o eventos de aglomeración masiva, donde se incrementa el riesgo de incendios.