La Contraloría de Bogotá llamó la atención hoy para que la UAESP, en el marco de sus competencias, adelante una revisión técnica e integral del modelo financiero, tarifario y del régimen de bienes asociado a la prestación del servicio de aseo, considerando que la fórmula económica de los contratos de concesión fue estructurada con un horizonte de cierre definido para febrero de 2026 y que, a su terminación, las inversiones y los bienes afectos al servicio se entienden plenamente amortizados y remunerados a través de la tarifa.
Señaló la Contraloría que este contexto, cualquier esquema de continuidad contractual o modelo transitorio deberá evitar la doble remuneración de activos, identificar de manera clara los bienes que deben revertir al Distrito Capital y garantizar el principio de continuidad funcional, con el fin de salvaguardar el equilibrio económico, prevenir riesgos fiscales, operativos y jurídicos, y asegurar una prestación eficiente, continua y de calidad del servicio público de aseo, en observancia de los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
El Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, resaltó la protección reforzada de la población recicladora, reconocida por la Corte Constitucional mediante el Auto 2059 de 2025, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-724 de 2003 y enfatizó que, cualquier decisión relacionada con la prórroga del esquema actual, la adopción de un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio debe garantizar la no regresividad de los derechos de esta población y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la jurisprudencia constitucional.