El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció que radicará un Proyecto de Acuerdo para reafirmar que el transporte público masivo de la capital es un servicio público esencial y exigir que la ciudad garantice su prestación ante bloqueos violentos de la manera más oportuna posible.
Para el concejal, la ciudad no puede seguir permitiendo que falsas protestas violentas afecten la movilidad de más de cuatro millones de personas que dependen diariamente del sistema para llegar a sus trabajos, estudios y centros de salud.
“Con este proyecto, la Administración Distrital y las autoridades deben actuar de manera inmediata para levantar los bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó Quintero.
Según cifras del cabildante, durante este año se han registrado 751 protestas, contingencias y disturbios, es decir, más de 300 eventos adicionales en comparación con 2024. Solo hasta el 7 de octubre, 14,5 millones de personas resultaron afectadas por bloqueos que impidieron la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
“Nadie cuestiona el derecho a la protesta, pero vandalizar buses y bloquear vías no es un ejercicio democrático, sino una violación a los derechos fundamentales de millones de bogotanos”, añadió el concejal.
Quintero recordó que el transporte público masivo es un servicio público esencial, tal como lo establecen el artículo 365 de la Constitución, la Ley 336 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al garantizar derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo, la salud y la educación.
De acuerdo con las cifras presentadas, el 53 % de los ciudadanos se moviliza en transporte público masivo y el 71 % lo hace mediante medios sostenibles, lo que refleja la dependencia de la ciudad de este servicio para su funcionamiento diario.
Entre 2020 y abril de 2023, los actos vandálicos causaron pérdidas cercanas a los 17.000 millones de pesos, mientras que en lo corrido de 2025 se han vandalizado 259 buses y el sistema ha dejado de percibir 12.638 millones de pesos por validaciones no realizadas.