El concejal de Alianza Verde, Julián Espinosa, denunció un preocupante aumento en la contratación por parte de la Secretaría de Seguridad, justo cuando la ciudad atraviesa uno de sus peores momentos en materia de seguridad y convivencia.
De acuerdo con el cabildante, pese al decreto que exige austeridad en el gasto público, entre enero y abril de este año la Secretaría firmó contratos por más de $80.677 millones, superando lo ejecutado en todo 2024.
Uno de los casos puntuales es un contrato de comunicaciones por $248 millones, cuya función principal parece ser replicar publicaciones institucionales; asesorías jurídicas externas por más de $330 millones, a pesar de contar con un equipo legal interno; y contratos de planificación tecnológica por más de $160 millones, sin avances concretos en la implementación del sistema C4, debido a incumplimientos del contratista.
Sin embargo, la seguridad en la capital sigue empeorando. Durante los primeros cinco meses del año se registraron 521 homicidios, un 6 % más que en el mismo periodo de 2024. El 80 % de los casos ocurrieron en localidades vulnerables como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa. Además, aumentaron la violencia intrafamiliar (15 %), los secuestros (257 %) y las lesiones personales (5 %).
A esto se suma la creciente influencia del microtráfico en la violencia urbana. De los homicidios reportados, 144 están relacionados con este delito, pero solo se han producido 22 capturas en lo corrido del año. Para Espinosa, esto evidencia una falta de capacidad operativa y de respuesta frente al crimen organizado.
“Esto es un problema estructural que, además, lo estamos viviendo actualmente como parte de la violencia política en Colombia. El caso no aislado de Miguel Uribe fue un caso más de sicariato, y representa el 30 % de los homicidios en Bogotá”, puntualizó Espinosa.
Otro de los datos que alerta el concejal es el deterioro de varios CAI en puntos clave de la ciudad, como Timiza, Santa Librada, Aures y Claret.
La falta de dotación, el abandono de la infraestructura y la desconexión con la ciudadanía reflejan una profunda crisis institucional. Solo uno de cada tres ciudadanos sabe a qué cuadrante pertenece su hogar, y la percepción negativa del servicio aumentó frente al año anterior.
Espinosa hizo un llamado urgente a la administración distrital para revisar a fondo la ejecución presupuestal de la Secretaría de Seguridad, redirigir los recursos hacia capacidades reales de intervención y trazar una hoja de ruta clara frente al crimen y la desconfianza ciudadana.