La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad, por presuntas irregularidades en el contrato para la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR, cuyo valor asciende a cerca de 14.339 millones de pesos.
Según el órgano de control, se reporta un avance físico del 68,5 % y una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas, solo se han instalado 50, lo que representa apenas el 25 % del componente principal del proyecto.
Entre los aspectos que motivan la indagación se encuentran una planeación deficiente, fallas técnicas no previstas, tres prórrogas y suspensiones sin soporte presupuestal, controversias contractuales que superan los dos mil millones de pesos, y la sustitución de la interventoría por supervisión interna de la misma Secretaría, sin respaldo técnico.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.
Desde el Concejo de Bogotá se han cuestionado las acciones del Distrito frente a este proceso, considerado vital para la seguridad de la ciudad.
El concejal Julián Espinosa advirtió que la actual administración lleva 18 meses en ejercicio, por lo que no puede seguir heredando los problemas de las gestiones anteriores.
“Deje el espejo retrovisor y póngase al frente de la ejecución. Bogotá necesita cámaras, no excusas”, señaló el cabildante.
Ante esta situación, el secretario de Seguridad, César Restrepo, respondió que se trata de un contrato firmado por la administración anterior y reconoció que existen problemas en la definición de las zonas donde deben ser ubicadas las cámaras.
Restrepo aseguró que se están realizando los ajustes necesarios para agilizar la instalación de los equipos que faltan en la ciudad.