La Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, integrada por la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las Contralorías Territoriales y la Procuraduría, citará a mesas de trabajo a las EPS, incluidas aquellas intervenidas por el Gobierno Nacional, para analizar el déficit financiero que afecta la prestación del servicio de salud y exigir soluciones urgentes.
De acuerdo con la entidad, el panorama es preocupante. Una encuesta de la ANDI revela que, solo en Bogotá y Cundinamarca, hay una cartera pendiente de pago de $1,7 billones, de los cuales el 74 % corresponde a cartera vencida por parte de las EPS.
Para la comisión, las IPS no están recibiendo los pagos necesarios para continuar con su operación, lo que afecta directamente la calidad del servicio y la atención a los pacientes.
Actualmente, el desfinanciamiento del sistema ha alcanzado niveles alarmantes. Según el estudio de Punto de Inflexión, el 99,3 % de las IPS analizadas están en riesgo de quedarse sin recursos debido a los atrasos en los pagos y la falta de financiamiento del sistema de salud.
Esta situación podría llevar al cierre de hospitales y clínicas o a la reducción de sus servicios, dejando a miles de personas sin acceso oportuno a la atención médica.
La Comisión Regional de Moralización realizará un seguimiento estricto a la situación financiera del sector salud y establecerá mesas de trabajo con las EPS y las entidades rectoras del sistema para garantizar que los pagos a las IPS se realicen en los tiempos adecuados, evitando que el déficit continúe en aumento.
Finalmente, la entidad hace un llamado a los actores del sistema de salud y al Gobierno Nacional para implementar soluciones estructurales que permitan estabilizar la financiación de las IPS y evitar una crisis mayor.