Las heridas de la masacre del 9 y 10 de septiembre del 2020 siguen abiertas, tras la presentación de una relatoría solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y organizada por las Naciones Unidas.
El informe liderado por el ex Defensor del Pueblo, Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), concluyó que la Policía Nacional fue la responsable del asesinato de 14 personas en Bogotá y el municipio de Soacha.
La Relatoría documentó 14 asesinatos, incluido el de Javier Ordoñez, lesiones por arma de fuego a 75 personas, heridas a por lo menos 216 de miembros la Policía Nacional, daños a 78 buses troncales (9 incinerados) y 51 buses zonales (5 incinerados) y daños a 76 CAI (17 incendiados y destruidos).
“De las víctimas, 14 eran hijos de familias que llegaron a Bogotá en busca de oportunidades y 13 víctimas pertenecían a familias cuyos ingresos no superan el salario mínimo. Para la relatoría hay una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública.
El informe que recogió cerca de cien testimonios, pudo documentar 7 prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
Durante las jornadas de protesta, se evidenció el uso indiscriminado de armas de fuego debido a la falta de una orden expresa y jerárquica de no disparar, así como falta de interlocución de las organizaciones de Derechos Humanos que realizaban labores de verificación y acompañamiento a las manifestaciones, y el retiro temprano de los gestores de diálogo y de convivencia del Distrito, entre otros aspectos, se afirma en el informe.
Además, la estrategia de investigación emprendida por la fiscalía general de la Nación tiene limitaciones para esclarecer lo sucedido, particularmente para reconocer que los hechos sucedieron en el mismo contexto de violencia que rodeó tanto las muertes de las víctimas de homicidio como las lesiones provocadas a manifestantes y miembros de la fuerza pública.
El documento reveló que varios integrantes de la Policía fueron seriamente atacados contra su integridad personal, hechos que ocurrieron mientras los uniformados trataban de proteger los bienes e infraestructura de la institución.
El Distrito pidió perdón
Al borde del llanto, la alcaldesa Claudia López reiteró que lo ocurrido en esas noches fue una ‘masacre policial’ y asumió su responsabilidad institucional por estos hechos.
«Asumo enteramente la responsabilidad que me compete. Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe», señaló López.
Añadió que se dará pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Relatoría que dependen de forma directa y autónoma de la Alcaldía Mayor y que prestará su concurso para que se cumplan dichas recomendaciones que involucran a otras autoridades.
La mandataria solicitará una audiencia pública con el presidente Iván Duque y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el informe y que se logre la creación de un grupo interdisciplinario de expertos internacionales que acompañe al Estado colombiano en el cumplimiento de dichas recomendaciones.