Hoy se posesionaron 13 nuevos alcaldes locales, culminando el proceso de selección adelantado por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el reto de los nuevos mandatarios es que los ciudadanos tengan un gobierno que esté al servicio de resolver los problemas, que haya un compromiso con la transparencia, y de no poner ninguna entidad del Distrito o de las alcaldías locales al servicio de un sector político, de unos actores o de unos contratistas.
De los 2.644 ciudadanos que se postularon, 173 aprobaron un examen elaborado por la Universidad Nacional de Colombia. Las Juntas de Acción Local seleccionaron una terna que fue evaluada por el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y el subsecretario Eduardo Garzón.
Los nuevos alcaldes que se posesionaron son:
- Daniel Hernando Ortiz, alcalde de Usaquén
- Alexandra Mejía, alcaldesa de Chapinero
- Carlos Hernando Macías, alcalde de San Cristóbal
- Fabián Ernesto Ramírez, alcalde de Bosa
- Karla Tathyana Marín, alcaldesa de Kennedy
- Adriana Yaneth Ortiz, alcaldesa de Fontibón
- Víctor Hugo Huertas, alcalde de Engativá
- César Augusto Salamanca, alcalde de Suba
- Andrea Melissa Morales, alcaldesa de Barrios Unidos
- María Angélica González, alcaldesa de Teusaquillo
- John Jader Suárez, alcalde de Los Mártires
- Víctor Alfonso Cruz, alcalde de Puente Aranda
- Angélica María Angarita, alcaldesa de La Candelaria
En el caso de las Alcaldías Locales de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, continúan en revisión y verificación de las observaciones presentadas.
Sin embargo, en las localidades de Usme, Sumapaz, Antonio Nariño y Tunjuelito no se radicaron ternas por parte de las respectivas Juntas Administradoras Locales, debido a diversas razones, como la falta de aprobación de exámenes o el retiro de candidatos por motivos personales.
En la posesión de los mandatarios, se firmó un Acuerdo por la Transparencia para hacer un seguimiento a las alcaldías locales, construido de manera colaborativa y enmarcado en la normatividad vigente contra la corrupción.
El acuerdo propone promover el acceso efectivo a la información pública y la participación ciudadana en la toma de decisiones, fomentar una cultura de integridad centrada en la defensa de los recursos públicos, y fortalecer las prácticas y herramientas para prevenir y sancionar la corrupción, permitiendo un control social ágil y mejorar las capacidades institucionales mediante procesos de control multinivel y coordinación con diversos actores.