Un juez de Bogotá decidió decretar medidas cautelares para la suspensión de la iniciativa buscando salvaguardar el medio ambiente y los Bienes de Interés Cultural de la ciudad.
Entre tanto seguirá su curso una acción popular admitida por este mismo juez 34 Administrativo Oral de Bogotá y presentada por la concejal del Partido Verde, María Fernanda Rojas, que sustentó en irregularidades técnicas reconocidas en su momento por un alto funcionario técnico del IDU, la inconveniencia de la obra expresada por expertos y urbanistas y las falencias ambientales que se identificaron en el desarrollo de los estudios técnicos de la licitación.
Sobre el primer derecho vulnerado según dijo Rojas se argumentó que la obra iba a afectar irremediablemente el medio ambiente, la calidad de vida de los habitantes, el desarrollo de la fauna y la valorización de los inmuebles ubicados en inmediaciones de la carrera séptima, ya que producirá un grave impacto ambiental al tener que talar 1.431 árboles, según información entregada por la Secretaria Distrital de Ambiente.
En lo relacionado con la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación y del Distrito Capital, la Concejal María Fernanda Rojas advirtió que las obras afectarán 16 Bienes de Interés Cultural tanto del orden nacional como distrital.
Estos bienes que gozan de especial protección cuentan con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) que dentro de los estudios contratados por el Distrito no se tiene en cuenta.
Otro de los argumentos presentados en la acción jurídica es que el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y otros seis bienes se verán afectados por la obra de Transmilenio por 7.ª, considerados Bienes de Interés Cultural Nacional por lo que se debería tramitar ante el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural las afectaciones posibles en la zona de Influencia determinada para cada uno de ellos. Sin dicha autorización expresa de esas entidades no se podría proceder con la licitación. El único Bien de Interés Cultural que cuenta con autorización del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural es el Parque Nacional.
Sin embargo, la cabildante advirtió en el documento que inicialmente la intervención del Parque Nacional presentada y aprobada constaba de 10.74 metros de ancho. Pero, la cartografía del IDU sobre la obra aumenta su tamaño a aproximadamente 40 metros de ancho casi que cuadruplicando el área afectada original. De ser así, esta modificación debe contar con una nueva autorización del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural.
Rojas también indicó que mediante derecho de petición radicado el 3 de enero de 2019, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, hace un análisis sobre los Bienes de Interés Cultural que se verán afectados por el proyecto y establece que en varios de ellos es necesario replantear los trazados prediales, los diseños de zonas duras y blandas, aclarar los materiales a usar y en general modificar las fichas técnicas presentadas por INGETEC S.A. (consultor del proyecto).
Adicional a lo anterior, el IDPC solicita que para los bienes de Interés Cultural de la Embajada del Perú y la casa Museo del Chico se debe presentar anteproyecto detallado y un análisis de la totalidad de la topografía, ya que no cuentan con ningún tipo de estudio de detalle. Lo anterior, demuestra que el IDPC tiene variedad de dudas y reparos a las fichas técnicas presentadas por la firma consultora y por lo tanto no debería poder dar autorización alguna para su intervención.
Finalmente, la Concejal recordó que el proyecto de Transmilenio por la séptima ha tenido mucha oposición. Tanto es así, que se han presentado otras tres acciones populares para intentar frenar la licitación. La primera acción popular fue presentada por el Comité Defendamos la Séptima y fue rechazada, la segunda fue presentada por los congresistas Angélica Lozano, David Barguil y Rodrigo Lara la cual también fue inadmitida.