En medio de la compleja situación que se vive en el Parque Nacional por el asentamiento de cerca de 500 personas de la comunidad indígena Emberá, se gestó un nuevo rifirrafe entre el Gobierno Nacional y el Distrito por la atención a dicha población en los procesos de retorno.
En respuesta al señalamiento del alcalde Carlos Fernando Galán sobre el incumplimiento del Gobierno Nacional en el proceso de retorno, la directora encargada de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, respondió que el Distrito ha incumplido con sus compromisos frente a la atención de la comunidad Emberá que regresó al Parque Nacional.
“Pagar albergues no es función de la Unidad para las Víctimas. Su recurso es para retornos, reubicaciones, indemnizaciones y ayuda humanitaria, pero no podemos reemplazar, por ejemplo, a Bogotá, que como primer respondiente debe asumir los albergues”, señaló Cuartas.
La funcionaria enfatizó que el Distrito se comprometió a realizar fumigaciones en los albergues, arreglar las baterías sanitarias, acondicionar los espacios de alimentación, recolectar las basuras y suministrar agua: “Es lo básico, y Bogotá incumplió”.
Desde la Unidad para las Víctimas se cuestionó que las autoridades distritales estén más enfocadas en proteger el Parque Nacional que en garantizar los derechos humanitarios de los Emberá. Además, se reiteró que muchos integrantes de esta comunidad han manifestado su intención de permanecer en Bogotá: entre 150 y 200 familias no contemplan retornar a sus lugares de origen.
El Distrito respondió al Gobierno
Ante estas críticas, el Distrito, a través de la Consejería para las Víctimas, respondió que el Gobierno Nacional ha incumplido el fallo de tutela de agosto de 2023, que ordenaba a la Unidad para las Víctimas relocalizar temporalmente a las familias Emberá que se encontraban en las instalaciones de la UPI La Rioja y La Florida, mientras se avanzaba en el proceso de retorno.
“Le pedimos entonces que pongamos fecha a los retornos y reubicaciones de la comunidad Emberá, que lleva entre tres y cuatro años esperando ese momento”, afirmó la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado.
Mercado recordó que Bogotá sí ha cumplido con sus compromisos como primer respondiente y que, de hecho, ha hecho más de lo que la ley le exige.
“Bogotá es el primer respondiente, pero cuando se trata de inmediatez, como lo establece la ley. Por esa razón, tenemos cerca de 2.000 víctimas del conflicto que han llegado de diferentes partes del país, a quienes brindamos ayudas en el marco de la atención inmediata que exige la normativa”, añadió la funcionaria.
Mercado puntualizó que la Nación debe cumplir con los fallos de tutela y con los compromisos hacia la población Emberá, que espera desde hace más de tres años una solución definitiva a su proceso de retorno.