A través de la expedición de una circular dirigida a secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, gerentes y directores de unidades administrativas, establecimientos públicos y comerciales del Estado, alcaldes locales y al rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se les solicita elaborar un plan específico que detalle el ahorro proyectado para cada año, así como un modelo de inversión de los recursos ahorrados, enfocado en la atención y el servicio a la ciudadanía.
De acuerdo con el secretario general, Miguel Silva Moyano, la administración pública con un gasto más responsable permitirá «arrancar un camino de construcción de confianza» con la ciudadanía. “En ningún caso, los vehículos oficiales deben ser utilizados para asuntos personales”, destacó.
Cada entidad deberá presentar este plan ante la Secretaría General antes del 21 de marzo, en el que deberán incluir estrategias para promover una movilidad sostenible y eliminar los privilegios de los grupos directivos en las entidades.
En cuanto a las nuevas contrataciones de arrendamiento de vehículos o aquellas que estén en proceso de estructuración, deberán reducir los costos respecto a vigencias anteriores, estableciendo una meta porcentual de ahorro.
Por regla general, los recorridos deben ser coordinados para que los vehículos transporten más de una persona, con el fin de maximizar la eficiencia en el uso de vehículos oficiales y/o contratados, evitando la duplicidad de rutas.
Se priorizará el uso de vehículos oficiales y/o contratados únicamente para garantizar el cumplimiento del servicio a cargo de la entidad, evitando desplazamientos innecesarios. Además, las entidades deberán fomentar activamente el uso del transporte público entre sus servidores, especialmente los de nivel directivo, de modo que se minimice el uso de vehículos oficiales y/o contratados para el transporte habitual de funcionarios.
En ningún caso, los vehículos oficiales y/o contratados podrán ser utilizados para servicios personales.