La concejal del Centro Democrático, Diana Diago, denunció una indebida ejecución de los contratos destinados a la infraestructura de salud en la ciudad, señalando graves retrasos y negligencias que afectan la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía.
De acuerdo con la cabildante, hay cuatro contratos comprometidos con los Centros de Salud Tintal-Mental Pediátrico, la Unidad de Servicios de Salud Mental Floralia, la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy y el Centro de Salud 29 de la SubRed Sur Occidente.
En el caso del Hospital de Kennedy, en 2023 se suscribió un contrato por 7.900 millones de pesos para el diagnóstico y adecuación de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy. El proyecto busca ampliar la zona de urgencias del hospital, ya que actualmente se utilizan los pasillos y áreas no adecuadas para la atención de pacientes en observación y recuperación.
A pesar de la urgencia, este contrato debió finalizar en junio de 2024; sin embargo, presenta un retraso de nueve meses y ha sido suspendido más de 10 veces. Según la interventoría, el contratista ha presentado excusas que debían haber sido contempladas desde el inicio del proyecto.
En cuanto al Centro de Salud 29, el contrato inició en abril de 2023, pero no se tuvo en cuenta el estado de la infraestructura para ejecutar la obra. Esto ha generado un retraso superior a un año, ya que debía entregarse en enero de 2024.
El contrato, firmado por 4.800 millones de pesos, recibió una adición de 3.800 millones más para actualizar estudios y diseños, además de atender el desgaste de la infraestructura que no fue considerado previamente. Hasta la fecha, la SubRed ha pagado 4.880 millones al contratista, lo que evidencia una mala gestión en la ejecución de los recursos y deja en vilo la prestación de servicios de salud para los bogotanos.
Sobre el Centro de Salud Mental del Tintal, el contrato para estudios y diseños inició en abril de 2024 y debía finalizar en noviembre. No obstante, a un mes del vencimiento del plazo, el contratista apenas radicó la solicitud de licencia de construcción ante la curaduría, un requisito esencial para avanzar en el proyecto.
Por su parte, el contrato de estudios y diseños para la adecuación del Centro de Salud La Floralia, cuyo valor supera los 1.000 millones de pesos, se encuentra suspendido. Con este proyecto se busca desarrollar una nueva infraestructura con una capacidad instalada inicial de 115 camas de hospitalización en salud mental, 13 consultorios y cuatro áreas de talleres.
Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con el aval de la Curaduría Urbana para avanzar en su ejecución.
La concejal calificó como inadmisible que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en Bogotá, una ciudad donde los problemas de salud mental sin atención o con atención deficiente pueden llevar a consecuencias fatales para sus habitantes.