La Secretaría de Integración Social denunció dos nuevos casos de violencia contra menores de edad pertenecientes a la comunidad Emberá en la UPI La Florida.
El primer caso corresponde a una menor de 16 años residente en la UPI La Rioja, quien fue castigada y encerrada en un espacio de la infraestructura de la UPI La Florida por su familia y miembros de la comunidad.
Tras recibir la alerta del Puesto de Mando Unificado (PMU) interinstitucional de La Florida, la Secretaría de Integración Social informó a la Comisaría de Familia de Funza sobre esta situación de violencia y vulneración de derechos, dado que la UPI La Florida se encuentra ubicada en el municipio de Funza. En ausencia de un defensor de familia en la zona, el comisario asumió las funciones correspondientes por subsidiariedad.
Una vez conocido el caso, Integración Social coordinó acciones para atender la situación. Sin embargo, se reportó que la menor fue trasladada a la UPI La Rioja, por lo que el caso será gestionado directamente por la regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el defensor de familia asignado por dicha entidad.
El segundo caso es un presunto abuso sexual contra un menor de edad de la comunidad Emberá, ocurrido en la UPI La Florida. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, y el presunto agresor fue capturado por la Fiscalía zonal de Funza. Según el reporte oficial, el detenido enfrenta cargos por delitos sexuales contra menores de 14 años.
El capturado fue trasladado a la estación de policía del municipio de Funza, donde continuará el proceso legal correspondiente.
El Secretario de Integración Social, Roberto Angulo, calificó estos hechos como un grave incumplimiento de las disposiciones constitucionales en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de las normas que prohíben el castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes hacia los menores.
La Secretaría exhorta a la población Emberá que reside en la ciudad a abstenerse de emplear métodos de castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes, señalando que estas prácticas son inadmisibles y contrarias a los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Además, recordó que los predios de la UPI La Florida y La Rioja son bienes fiscales del Distrito, lo que impide la aplicación de la justicia tradicional indígena en estos territorios.
En relación con el presunto caso de violencia sexual contra menores, la Fiscalía General de la Nación es la entidad competente para investigar estos delitos y llevar a cabo el procedimiento bajo la justicia ordinaria.