El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el Ministerio de Ambiente contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que pretende anular la licencia ambiental otorgada para la extensión de la Avenida Boyacá.
La demanda surgió tras una aparente falta de respuesta de la CAR a un recurso de reposición presentado por el Ministerio en abril de 2024 contra la emisión de la licencia ambiental para este proyecto, lo cual se calificó como un “silencio administrativo negativo”.
Para el Gobierno Nacional, se busca declarar la nulidad tanto de la resolución que otorgó la licencia ambiental como del acto derivado del silencio administrativo, además de solicitar que Fiduciaria Bogotá S.A., que administra el Fideicomiso Lagos de Torca y es titular de la licencia, sea vinculada al proceso como “tercero con interés”, lo que implicaría su participación activa en la discusión judicial.
Frente a esta situación, el Consejo de Estado ordenó a todas las partes involucradas, incluyendo al Ministerio Público y a Fiduciaria Bogotá S.A., que los demandados y el tercero interesado presenten sus respuestas, pruebas o excepciones en un plazo de 30 días.
La CAR también ha sido requerida para enviar el expediente administrativo relacionado con el caso en curso, lo que permitirá una revisión más exhaustiva de la situación.
Sin embargo, se rechazó la solicitud de la cartera de imponer medidas cautelares de suspensión, pues afirmó que no se ha demostrado una urgencia suficiente que amerite una suspensión inmediata de la licencia.
Distrito denuncia una nueva intromisión del Gobierno
Frente a esta situación, que pone en jaque la ampliación de la Avenida Boyacá, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó como una intromisión del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá.
“A mí sí me preocupa, y quiero aprovechar este espacio también para decirlo, esa intromisión permanente que está teniendo el Gobierno Nacional en decisiones que son de la ciudad, que la ciudad ya tomó su decisión de avanzar en este proyecto, el cual surtió todos los trámites necesarios”, señaló Galán.
El mandatario hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para respetar la autonomía territorial, advirtiendo que se valdrá de todas las herramientas legales para evitar que se paralice este megaproyecto de la ciudad.
“Vamos a respetar la decisión que tome el Consejo de Estado, pero vamos a utilizar todas las herramientas legales que estén a nuestra disposición para defenderlo, porque es parte de la defensa de un desarrollo organizado que se requiere en Bogotá”, añadió el alcalde.
Gobierno defiende la demanda
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, argumentó que la ampliación de la Avenida Boyacá infringe los determinantes ambientales que protegen la Reserva Thomas Van der Hammen, al no realizar un diagnóstico de alternativas que permitieran evitar la afectación de la reserva, lo cual, en su opinión, constituye una violación al régimen ambiental.
Para la funcionaria, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, se tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en cualquier territorio del país.
“No podemos poner en riesgo la estabilidad climática de la sabana de Bogotá por un proyecto que, aunque importante, debe alinearse con la protección del medio ambiente”, subrayó la ministra.
Según Muhamad, la Reserva Thomas Van der Hammen fue establecida antes que la Avenida Boyacá y posee un estatus superior en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
“La ampliación de la Avenida Boyacá, que conecta los cerros orientales con el río Bogotá, es un proyecto fundamental para la movilidad de la capital, pero cualquier desarrollo debe respetar las reservas ambientales”, añadió la ministra.
La demanda llevó al Consejo de Estado a suspender temporalmente algunos términos clave del proyecto, generando incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa.