Tras una serie de denuncias formuladas por un edil de la localidad de Chapinero y el concejal Daniel Briceño sobre presuntas irregularidades en la adquisición de motocicletas para la estación de Policía, la Contraloría de Bogotá realizó una visita administrativa para constatar de manera oportuna y en sitio los pormenores del contrato previsto para ejecutarse con recursos del Fondo de Desarrollo Local.
La diligencia se llevó a cabo ante lo delicado de las denuncias sobre posibles sobrecostos por más de $40 millones en cada motocicleta que adquiriría el Fondo de Desarrollo Local para la movilidad de las unidades policiales adscritas a la Estación de Policía de Chapinero.
Aunque el contrato en cuestión fue terminado de manera anticipada, la Contraloría manifestó su intención de profundizar en las diversas etapas que se surtieron antes de su disolución.
De acuerdo con la denuncia de Briceño, para ese momento no había contratista para finalizar el proyecto, ya que en 2025 se declaró la caducidad del contrato original.
Sin embargo, la Alcaldía de Chapinero aclaró que, después de detectar un posible sobrecosto en la compra de las cinco motocicletas, evaluó diversas opciones para resolver el problema. Una de ellas fue que el proveedor entregara más motos por el mismo valor ya estipulado en el contrato; otra, que devolviera parte del dinero para ajustar el precio.
Se espera determinar si, a pesar de la terminación, pudo haberse materializado un detrimento patrimonial para el Distrito o si se incurrió en alguna falta disciplinaria por parte de los implicados.