La Contraloría General de la República alertó una grave situación administrativa y financiera en la Nueva EPS, a partir de información obtenida en un operativo de policía judicial realizado en julio, ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.
De acuerdo con el órgano de control, preliminarmente se determinó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale a un aumento del 155 %. Esta variación afecta la situación financiera de la EPS.
El organismo también evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de 2025, pues al corte de junio se acumularon $6,6 billones adicionales frente al total reportado en 2024, pasando de $8,6 billones a $15,27 billones. Esta situación compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente en aquellos anticipos que superan los dos años, por un valor de $143.000 millones.
Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no ha sido legalizada.
En cuanto a las facturas pendientes por procesar entregadas por la EPS, se identificaron 22.737.247 registros por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, tras una verificación inicial, se hallaron 9.155.060 facturas repetidas, equivalentes a $8,9 billones. Al excluir estos registros, el valor real pendiente por procesar asciende a $13,2 billones.
Del valor de estas facturas, el 37,1 % corresponde a la vigencia 2024 y el 59,9 % al primer semestre de 2025, lo que significa que el 97 % de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS. Esta situación genera inconsistencias contables y financieras debido a la falta de verificación de aspectos como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes.
El análisis preliminar también encontró que en 36 prestadores de salud, de una red de más de 2.700, se concentra el 40 % del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, lo que eleva el riesgo fiscal en caso de incumplimientos o litigios.
La entidad reveló que, a pesar de las exigencias normativas sobre sistemas de información para ejercer un control oportuno y pertinente en el procesamiento de datos, la EPS no acreditó la capacidad tecnológica necesaria para garantizar la calidad de los registros sobre la gestión de recursos de la salud.
Además, la Nueva EPS no aportó los soportes contractuales que demuestren el cumplimiento de los requisitos mínimos para la celebración de acuerdos de voluntades entre el asegurador y su red prestadora de servicios y tecnologías en salud.
El órgano de control identificó que las cuentas por pagar, con corte a marzo de 2025, presentan un valor acumulado de $21,37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo en cuenta que esta entidad cubre aproximadamente al 22 % de la población afiliada. De ese monto, $10,5 billones corresponden a anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones a facturas pendientes por procesar.
Adicionalmente, se evidenció que, con corte a diciembre de 2024, la EPS subestimó la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por un valor de $11,1 billones, además de la falta de soportes de autorizaciones y facturas en el detalle de dichas reservas.
La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes, entre ellos la determinación de responsabilidad fiscal.