La representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, denunció una serie de irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la seguridad ciudadana durante la administración de Claudia López (2020-2023).
De acuerdo con un informe de la Contraloría de Bogotá, se identificaron once hallazgos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un monto total de $633 millones de pesos, asociados al mantenimiento y supervisión de los vehículos entregados por la Secretaría de Seguridad a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).
Los hallazgos evidencian un patrón de negligencia e improvisación, con contratos incumplidos, pagos irregulares y vehículos fuera de servicio que, aun así, recibieron mantenimiento.
“Estamos hablando de recursos para cuidar a la ciudadanía que lamentablemente se perdieron, según el informe. Muchos de nuestros policías no tienen cómo patrullar, mientras la plata, al parecer, se desvía en trámites fantasmas”, advirtió Arbeláez.
Dentro de las irregularidades más graves se encuentran el pago de SOAT a vehículos sin revisión técnico-mecánica vigente, la realización de revisiones técnico-mecánicas a vehículos que estaban fuera de servicio, el doble pago de revisiones a un mismo vehículo y el incumplimiento sistemático de los contratos de mantenimiento.
El contexto de inseguridad en la ciudad agrava aún más la situación de estos hallazgos. En lo corrido de 2025, comparado con el año anterior, los homicidios aumentaron de 642 a 676 casos, lo que representa un incremento del 5,3 por ciento. Los casos de violencia intrafamiliar pasaron de 23.195 a 27.997, con un aumento del 20,7 por ciento. Por su parte, los secuestros subieron de 7 a 25 casos, lo que equivale a un incremento del 257,1 por ciento.
“Esta situación no solo es un derroche inaceptable, sino una amenaza directa a la seguridad de los bogotanos. ¿Quién responde por estos hallazgos? ¿Dónde está el control y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos?”, cuestionó la congresista.
Arbeláez hizo un llamado de atención a la Administración Distrital y exigió responsabilidades inmediatas ante lo que calificó como un claro acto de negligencia institucional en materia de seguridad.