El concejal Julián Uscátegui pidió a la Personería de Bogotá investigar al secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, por los contratos relacionados con la dotación tecnológica de los frentes de seguridad, el mantenimiento del parque automotor de la Policía Metropolitana y la estrategia para aumentar el pie de fuerza en la ciudad.
Uscátegui advirtió que la crítica situación de inseguridad que atraviesa Bogotá tendría origen en fallas de gestión dentro de la Secretaría, según lo evidencian recientes informes de organismos de control.
Un informe de la Contraloría de Bogotá reveló que, entre 2022 y 2024, se firmaron tres contratos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por más de 15.500 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer los frentes de seguridad ciudadana mediante la entrega de herramientas tecnológicas como cámaras de videovigilancia, botones de pánico y estaciones de monitoreo.
Sin embargo, solo se fortalecieron 100 grupos ciudadanos, apenas el 12,5 % de la meta inicial de 800 frentes. “Se gastaron miles de millones, pero los resultados son irrisorios. Y lo peor: los equipos no quedaron en manos de la comunidad, sino que fueron devueltos al finalizar los contratos. Un desperdicio total de recursos públicos”, señaló Uscátegui.
La Contraloría calificó la situación como crítica, debido a fallas en la planeación contractual, ausencia de estudios comparativos de mercado y posibles sobrecostos. También reportó hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos.
Asimismo, alertó sobre la falta de sostenibilidad de los proyectos, ya que los dispositivos tecnológicos no fueron transferidos ni al Distrito ni a las comunidades, lo que impide consolidar una capacidad instalada para la prevención del delito.
A estos hallazgos se suma el déficit de más de 10.000 policías en Bogotá, según la Personería, una cifra muy por debajo del estándar internacional. Las localidades más afectadas por la escasez de uniformados son Suba, Kennedy y Bosa.
Además, el 22 % del parque automotor entregado en comodato por la Secretaría de Seguridad a la Policía Metropolitana está fuera de servicio por falta de mantenimiento, lo que afecta la capacidad de reacción ante emergencias.
Actualmente, Bogotá cuenta con más de 10.900 cámaras de videovigilancia, pero solo el 27 % del espacio público está cubierto. De las más de 15.000 cámaras privadas instaladas en copropiedades, apenas el 19,15 % están conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), lo que limita el alcance de los sistemas de prevención y atención del delito.