Colombia podría enfrentar un apagón energético en los próximos años debido a las deudas del gobierno con el sector eléctrico, que ascienden a siete billones de pesos, así como por las condiciones climáticas, según informó la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS).
Según Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, a partir de 2027 el país experimentará un déficit energético debido a los retrasos en la implementación de proyectos y a la ausencia del fenómeno de La Niña.
«Estamos en una situación en la que no hemos estado en los últimos 30 años», afirmó Gutiérrez.
Un tema que preocupa a los gremios generadores de energía es la alerta máxima por la situación crítica en el sector, que incluye la crisis por las condiciones climáticas, la demora en la entrada en operación de nuevos proyectos, la creciente diferencia entre la demanda y la oferta, así como los problemas en la infraestructura de transporte. Esto resalta un riesgo cada vez más inminente en el suministro de energía y gas.
El segundo punto de urgencia es el aspecto económico y la financiación del sector. El sector opera en una cadena de eslabones interconectados, donde si uno de ellos presenta dificultades, todo el sistema se ve afectado. Un frente especialmente crítico es el de las tarifas, con una deuda acumulada por la oferta tarifaria que asciende a cuatro billones de pesos.
«Por la situación actual, es muy difícil seguir financiando los subsidios. En conversaciones con el Ministerio de Hacienda, se nos ha expresado que existe un grave problema de recaudo. Un apagón financiero podría convertirse en un apagón físico», advirtió José Carlos Manzur, director ejecutivo de Asocodis.
Además, no se ha encontrado una solución para reducir las tarifas en las zonas donde son más altas, como en la Costa Caribe. La fórmula de cobro no la determinan las empresas, sino la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual se encuentra desintegrada por la falta de nombramientos o por la anulación de los ya realizados.
Otro factor preocupante es el retraso en el pago de los subsidios que debe cubrir el gobierno, lo cual parece estar relacionado con dificultades de caja en el Ministerio de Hacienda. Esto suma dos billones de pesos adicionales a la deuda existente.
El presupuesto para el próximo año proyecta un déficit de tres billones de pesos en los recursos destinados a los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, lo que podría traducirse en mayores costos para los usuarios de estos estratos.
El sector energético ha solicitado al gobierno el pago de los subsidios y las deudas de la opción tarifaria a las comercializadoras, mitigar los efectos de la intervención de Air-e y abordar de manera urgente el déficit de gas para evitar interrupciones en el servicio.